La tarde del viernes, la Fiscalía de Distrito Zona Norte informó de la vinculación a proceso en contra de tres presuntos “polleros” que fueron detenidos días atrás en esta ciudad.
Jairo P. Z., Daniel P. Z., y Ashley Martín T. M., enfrentan cargos por el delito de secuestro en perjuicio de 12 personas en situación de movilidad, entre ellos cuatro menores de edad.
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Por si fuera poco, los tres sujetos también cuentan con cargos por el delito de portación de arma de fuego de uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicana.
“En la audiencia de control, el Agente del Ministerio Público expuso a los detenidos que se les atribuye su probable responsabilidad”, informó la Fiscalía mediante un comunicado.
Según la investiga, esto ocurrió 10 de junio del año en curso, donde se establece que los imputados participaron en el secuestro de sus víctimas, a quienes mantuvieron privados de la libertad.
La investigación ministerial se encuentra a cargo de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas o No Localizadas, cuyos elementos señalaron que estos delincuentes utilizaron violencia física y psicológica contra los migrantes.
“La detención de los imputados tuvo lugar el 18 de julio y fue gracias a que los vecinos dieron aviso a una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”, agregó la corporación.
Los oficiales realizaban su recorrido de patrullaje por el cruce de las calles Sol de la Montaña y Vista del Sol, del fraccionamiento Praderas del Sol.
En el lugar, una de las víctimas solicitó auxilio a los policías desde el patio del inmueble, interviniendo de manera inmediata para arrestar a los presuntos en los términos de la flagrancia.
Estos después fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para su investigación por los delitos arriba señalados.
“Además, se les aseguró un arma de fuego tipo fusil camuflado en color verde y negro, con un cargador abastecido con nueve cartuchos útiles calibre .223 y un teléfono celular de la marca Samsung”, agregó la Fiscalía.
El Juez de Control les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, en el Centro de Reinserción Social Estatal No. 3, fijándose tres meses para el cierre de las investigaciones.