Mujer dedicada a la trata de personas usaba a menor para cruzar indocumentados a EU

Se comprobó que la mujer se dedica al tráfico de personas y la misma le pagó la cantidad de 3 mil pesos al adolescente por esta acción

Ricardo González / El Heraldo de Juárez

  · sábado 20 de julio de 2024

Foto: FEM

Un ministerio público, adscrito a la Fiscalía de la Mujer, consiguió un auto de vinculación a proceso en contra de una mujer que se dedicaba a la trata de personas, misma que utilizaba a un menor de edad para cruzar indocumentados a los Estados Unidos.

Dicha vinculación en apego a una indagatoria permanente, mediante la cual obtuvieron la vinculación a proceso penal en contra de Teresa Alejandra S. G., por su presunta participación en el delito de trata de personas, en la modalidad de utilización de menores de edad en actividades delictivas.

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De acuerdo con los antecedentes de investigación, acreditados por el ministerio público ante el Juez de Control en el Distrito Judicial Bravos, en junio de 2024, la imputada utilizó a un adolescente de 15 años de edad, para cruzar a Estados Unidos a personas en situación de movilidad.

Dicho cruce se llevó a cabo por las inmediaciones del cruce internacional Gerónimo - Santa Teresa, mismo que hace frontera con el vecino estado norteamericano de Nuevo México.

A su vez, agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Trata de Personas, acreditaron que los migrantes eran resguardos en un domicilio ubicado en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.

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Además, que se comprobó que la mujer se dedica al tráfico de personas y la misma le pagó la cantidad de 3 mil pesos al adolescente por esta acción.

El órgano jurisdiccional ordenó iniciarle un proceso penal e impuso la medida cautelar de medida preventiva en el Cereso por dos años, al tiempo que estableció seis meses como lapso de investigación complementaria.

La misma fiscalía señaló en un comunicado que la ahora vinculada, acuerdo con las leyes y normas vigentes, se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, tal como lo señala el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.