Consejo de género OEM: Viven en pobreza 5 de cada 10 niños menores de 6 años

Cinco de cada 10 niños y niñas de entre cero y seis años viven en pobreza y un grupo más amplio también carece de seguridad social, de acuerdo con los primeros resultados del Sistema de Indicadores de Primera Infancia (SIPI) en México que elabora la organización Early Institute.

Durante la vigésima sesión del Consejo de Género de la Organización Editorial Mexicana (OEM), este think tank enfocado en la primera infancia dio a conocer los resultados de su estudio de 142 indicadores construidos con base en información de instituciones públicas del país sobre salud, condiciones de seguridad y acceso a servicios básicos en vivienda durante los primeros años de vida (cero a seis).

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De acuerdo con el trabajo, 51.89 por ciento de los niños y niñas de México están en situación de pobreza, mientras que 61.52 por ciento tienen carencia por acceso a la seguridad social. Además, del sector que se encuentra en pobreza, 10 por ciento vive en pobreza extrema.

“Un indicador que también nos quita el aliento es que prácticamente a nivel nacional 51 por ciento de las niñas y niños menores de seis años están en situación de pobreza, es la mitad de la población infantil (…) Indicadores, por ejemplo, de seguridad social, de calidad de los espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos en las viviendas de México. Por ejemplo, traemos indicadores que prácticamente 23 por ciento de (menores de) esta edad tiene carencia de servicios básicos en sus hogares”, señaló Abraham Madero, director Ejecutivo de Early Institute.

De acuerdo con el estudio que será presentado en las próximas semanas, durante la primera infancia la niñez mexicana enfrenta varias dificultades además de la pobreza. Una es la deficiencia en los servicios educativos, pues tres de cada 10 escuelas a nivel preescolar no tienen acceso al agua, dos de cada 10 no tienen servicio de electricidad y una de cada 10 carece de drenaje.

SIETE NIÑOS MUEREN A DIARIO EN EL PAÍS

Annayancy Varas, directora y fundadora de Early Institute, resaltó que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), siete niños y niñas mueren diariamente en México. Destacó la necesidad de que la sociedad se involucre para poder contrarrestar este fenómeno.

“Buscamos tener una responsabilidad colectiva para la protección a esta población infantil, y asumir conjuntamente que los cuidados no sean responsabilidades sólo de los papás o maestros, sino de todos nosotros, tengamos o no hijos. Tenemos vecinos, hay niños alrededor de esto, y esto nos llama a la sensibilización y sobre todo a la vigilancia y a tener un rol activo, de ser guardianes protectores”, consideró Varas.

Reprochó que sólo 0.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) se destine al gasto público para la niñez, un porcentaje menor al promedio de América Latina, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

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“Se sabe que los (países) que no invierten en programas de primera infancia están en riesgo de tener un desarrollo comprometido, que causa problemáticas en el entorno de los niños, lo que revela que la prevención es más económica que atender sus consecuencias”, indicó la directora del think tank.

El estudio revela que además no hay acceso a cultura en los hogares de los niños y niñas mexicanas, pues casi 30 por ciento tienen acceso a tres libros infantiles en su casa, “un dato considerado bajo respecto a otros países”, añadió Abraham Madero.

“Esto va a influir de manera significativa en su edad adulta. Se reconoce, crece y se desarrolla y alcanza sus niveles máximos en estos primeros seis años de desarrollo. Se habla de la neuroplasticidad –proceso de aprendizaje neurobiológico–, que se desarrolla en los primeros dos a tres años de vida, sin embargo, sabemos que se extiende hasta los seis años. Es por eso que es tan importante que en estos primeros años busquemos desarrollar potencialmente estos procesos y ampliar así su desarrollo”, indicó Annayancy Varas.

El sistema de indicadores del SIPI, de acuerdo con Varas, arroja que hay un rezago educativo, el cual es una problemática que ha afectado históricamente al país. Sin embargo, durante esta administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “se ha agudizado al prácticamente darle la espalda a esta población”.

DISCRIMINACIÓN POR EMBARAZO

En el caso de salud, el SIPI México arroja que durante la gestación 87.3 por ciento de mujeres fueron atendidas en al menos cinco ocasiones, la medida estándar clínica para consultas prenatales; sin embargo, el otro porcentaje aún no tiene cobertura.

“Está relacionada la violencia que se ejerce en contra de la madre y afecta al bebé. La forma en la que se desenvuelve el embarazo tiene un impacto directo en la primera infancia, es lo que teníamos la intención de visibilizar en esta investigación (…) De entrada, ellos pueden nacer con más reactivadad al estrés o con bajo peso; hay un vínculo directo que existe entre partos prematuros o abortos espontáneos”, señaló Valeria González, coordinadora de Vinculación e Incidencia en Política Pública.

Durante la sesión Early Institute también expuso los hallazgos de su informe sobre discriminación laboral por embarazo, cuyos resultados publicó El Sol de México en su edición del pasado 10 de mayo.

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Los resultados indican que desde el año 2012 el embarazo está en los primeros cinco lugares de quejas por discriminación laboral ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Entre las conductas de discriminación identificadas contra trabajadoras embarazadas están el acoso y hostigamiento laboral, descuentos económicos por ejercer licencias médicas, obligación de trabajar en periodos de incapacidad por maternidad, cambio de las condiciones laborales y no ser contempladas para ascensos.

También interrupción o no renovación de su contrato durante su periodo de incapacidad (en el caso de mujeres que laboran por honorarios), obligarlas a realizar labores que pongan en riesgo su salud y la de sus bebés y, finalmente, el despido.

González criticó que, ante casos de discriminación laboral por embarazo o violencia obstétrica, las autoridades no tienen la sensibilización ni el conocimiento para procesar los casos.

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