“No habrá pacificación sin antes consolidar la operación de la justicia penal”, aseguró la organización México Evalúa al presentar su reporte “Hallazgos 2017”; donde también dejó claro que la ausencia de una estrategia y planeación integral a nivel nacional que se traduzca en una política pública efectiva ha derivado en el estancamiento del sistema de justicia penal (SJP).
Edna Jaime, directora general del centro de análisis, consideró que la consolidación del SJP no será posible en tanto no se fortalezcan sus instituciones de manera integral; por lo que llamó a contar con evidencia que justifique posibles modificaciones normativas y establezca objetivos claros y alcanzables para ellas.
“Sin diagnósticos claros, el SJP repetirá una constante del sistema legal mexicano: la permanente modificación de leyes sin impacto en la realidad o, en el peor de los casos, con una incidencia negativa en la operación de las instituciones”, expresó.
Edna Jaime llamó al próximo gobierno a retomar la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio como un problema público prioritario.
“El acceso a la justicia no debe jugar un papel secundario en la agenda pública del país”, enfatizó.
Por ello, México Evalúa recomienda la creación de una instancia técnica de coordinación nacional; enfocar los esfuerzos institucionales en la revisión de la operación diaria del sistema; el desarrollo de un nuevo modelo de procuración de justicia, y la profesionalización de los operadores del SJP.
En este sentido, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, coincidió en la importancia de los procesos de evaluación continua, tanto al interior como al exterior de las instituciones, que posibiliten la generación de diagnósticos y de datos relevantes para el ajuste y la mejora.
Por su parte, María Novoa, coordinadora del programa de justicia en México Evalúa, explicó que uno de los problemas más graves que enfrenta actualmente la operación del sistema de justicia penal es un desequilibrio entre sus componentes.
Esto se observa, por ejemplo, en la asignación de recursos, puesto que se han priorizado las acciones que involucran a las instituciones de seguridad y procuración de justicia, excluyendo a las defensorías públicas y los poderes judiciales.
Con la finalidad de conocer el progreso y los esfuerzos que se han llevado a cabo a nivel nacional, el reporte integra por quinto año consecutivo un ranking que refleja el avance de las entidades federativas.
Durante 2017, Querétaro fue el estado que registró mayor progreso, con un puntaje de 483 que se atribuye a un modelo de operación integral caracterizado por la coordinación y vinculación interinstitucional.
Sin embargo, ninguna entidad alcanzó el ideal de este año, de 600 puntos, ni el del año anterior, de 500 puntos. En el ranking los siguientes lugares los ocupan Guanajuato (476 puntos), Baja California (448), Chihuahua (421) y Nuevo León (413).Mientras que en las últimas posiciones se encuentran Guerrero (134 puntos), Campeche (160) e Hidalgo (170). Cabe destacar que Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Campeche y Veracruz bajaron su posición respecto al año anterior.
Para esta edición de Hallazgos también se realizó un ejercicio inédito sobre la impunidad que prevalece en el sistema acusatorio. Para ello, la medición distingue las posibles respuestas que contempla el sistema, según su efectividad en la resolución de conflictos.
De acuerdo con este cálculo, Jalisco, Tlaxcala y Yucatán son los tres estados con mayor impunidad, con 99.3%, 99.1% y 98.9%, respectivamente; mientras que Guanajuato (56.8%), Querétaro (72.2%) y Baja California(76.4%) registran menor impunidad.
“Esto indica una tendencia generalizada a no resolver o solucionar los delitos que se conocen, a pesar de que representan sólo una pequeña parte de los ilíticos ocurridos”, explicó María Novoa.
Finalmente, el reporte Hallazgos 2017 alerta también sobre lasdecisiones del Poder Judicial que han impactado negativamente el funcionamiento del sistema de justicia, pues pueden ser divergentes con los principios y valores de sistema acusatorio, formalizando y prolongando los procesos de forma innecesaria.
Cabe destacar que la presentación del documento participaron también Jacobo Dayán, profesor-investigador del Colmex y Birgit Lamm, directora regional de la fundación Friedrich Naumann.
