Mercantes marinos exigieron a la Presidencia de la Cámara de Diputados frenar la iniciativa de Morena que pretende trasladar todos los recursos financieros, materiales y humanos de los puertos marítimos del país a las Fuerzas Armadas.
En una misiva dirigida a la presidenta Dulce María Sauri, el Cuerpo Consultivo Marítimo Mercante advirtió un desaseo legislativo para aprobar estas reformas, por lo que refrendaron su preocupación por la militarización de los 17 puertos marítimos.
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Como informó El Sol de México esta agrupación teme que la propuesta motivada desde lo más alto del gobierno federal estrangule el comercio exterior mexicano, al ser los puertos nodos y puntos neurálgicos para el desarrollo económico.
"El problema es que asfixia, estrangula el comercio exterior de México porque ellos no tienen la capacidad ni la experiencia ni el conocimiento para administrar los puertos y las aduanas y la marina mercante", apuntó en entrevista Marcelino Tuero, presidente del Cuerpo Consultivo Marino Mercante.
Reprocharon que la iniciativa otorga exclusividad a la Secretaría de Marina en la construcción de obras marítimas, “construyendo un monopolio para construir todas las obras marítimas del país y prestar los servicios de dragado y obviamente cobrar por ello, no sólo a entidades gubernamentales, sino a privados también”.
Además, consideran que la transferencia de los recursos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a las Fuerzas Armadas deteriora los puertos en un plazo muy corto, que dejarán de ser eficientes, generará incertidumbre para la inversión y que le otorgará un poder económico muy importante que podrán “manejar con discrecionalidad y opacidad”
La iniciativa se presentó el pasado 8 de septiembre por la diputada morenista Juanita Guerra.
Los mercantes marinos acusaron que la propuesta pasará al pleno de los diputados “sin mayor análisis de la Comisión de Gobernación y Población”, donde Morena aprovechó su mayoría para dar su aval, sin que hubiera un consenso real de las demás fuerzas políticas y especialistas convocados a un parlamento abierto.
Además, denunciaron que la iniciativa debió ser discutida en la Comisión de Marina y contar con la opinión de la Comisión de Transportes, lo cual no ocurrió, aunque se dio turno de ley a éstas por la Mesa Directiva de los diputados.
Dicha iniciativa se alinea con los objetivos de la actual administración, pues desde julio pasado el presidente de la República anunció que entregaría el control administrativo de los 17 puertos y las 49 aduanas del país a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
La finalidad, según anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, es combatir la corrupción y el contrabando.
En ese entonces, el administrador general de Aduanas del SAT, Horacio Duarte, indicó que el acompañamiento de las Fuerzas Armadas garantizará la seguridad nacional y establecer mecanismos para que la administración de las aduanas sea ocupada por personal de las fuerzas armadas.
El anuncio del presidente también generó eco al interior de la SCT, pues incluso su anterior titular, Javier Jiménez Espriu, renunció días después al cargo por su desacuerdo con el mandatario federal.
“Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y mi preocupación, sobre la grave trascendencia que tiene esta medida para el presente y el futuro de México”, expresó Jiménez Espriú a su salida de la SCT.
“El motivo, que le he expresado personalmente, es mi diferendo por su decisión de política pública, de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina, las funciones eminentemente civiles de los Puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes, que ha estado a cargo de la SCT desde 1970″, explicó el exsecretario.
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