Ciudad Juárez, Chihuahua.- La solicitud que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua ante el Congreso de la Unión, para el desafuero del senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, y ejercer acción penal en su contra por las investigaciones que lo vinculan con la llamada "nómina secreta", cuenta con documental probatorio para su desarrollo, informó el fiscal César Augusto Peniche Espejel.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para el Grupo Imagen, el titular de la FGE expuso que la carpeta de investigación tiene un sustento científico, que vinculan al político a los actos de corrupción que presuntamente operó el exgobernador.
“El trabajo que ha realizado el Ministerio Público, en relación a este y prácticamente en todas las investigaciones que se llevan en los temas de corrupción, traen un cúmulo probatorio suficiente, que sustenta precisamente la actividad que se realiza ante las autoridades judiciales”, señaló.
Agregó que en este caso, se hizo la solicitud ante la Cámara de Diputados como un requisito formal, para poder avanzar con la judicialización.
“No solamente hay la versión de un testigo, como se ha dicho, ahí está la versión de personas que estuvieron, o que directamente tienen conocimiento de estos hechos, no son testigos de oídas, son testigos presenciales”, explicó.
Adicionalmente –indicó-, hay elementos que “nosotros denominamos como prueba científica, porque hay documentos que han sido perfectamente identificados y trabajados por peritos”.
Peniche Espejel comentó que por el momento no se puede dar a conocer el tipo específico de pruebas que forman parte de la indagatoria, mas en su momento, el Congreso de la Unión tendrá que darlas a conocer a la defensa y a la persona involucrada.
Durante la entrevista, se cuestionó la posibilidad de que la mayoría morenista en el Congreso de la Unión, bloquee el desarrollo de la solicitud.
Al respecto, el fiscal general de Chihuahua, advirtió que la FGE se mantiene aparte de los temas políticos, para concretarse exclusivamente a las investigaciones de hechos.
“Si nosotros llegamos a la conclusión de que hay un hecho delictivo, entonces procedemos, de manera formal, ante la autoridad judicial, en este caso ante el Congreso, ya lo demás, si el Congreso lo aprueba o no, lo reserva, lo dilata o lo determina inmediatamente, pues ya es una atribución que corresponde a ellos”, respondió.
Sin embargo, destacó que el cuerpo legislativo federal estará obligado a actuar de acuerdo a las normas, en apego al Estado de Derecho en el que vive la sociedad mexicana y con base en un ordenamiento legal.
Pascal Beltrán del Río, le pidió al fiscal su postura con relación a los argumentos de Pérez Cuéllar, en los que considera que la investigación en la que está involucrado, obedece a fines políticos electorales.
“Para nosotros, lo relevante es que tenemos acreditado un hecho y tenemos la obligación, como autoridad persecutora de delitos, de darla a conocer a la autoridad correspondiente”, agregó.
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