En los últimos cuatro años, la Procuraduría General de la República, ha iniciado más de 3 mil carpetas de investigación por el delito de falsificación de documentos, pero solo ha podido detener a 749 personas por dicho delito, y ocho servidores públicos que fueron detectados falsificando documentos oficiales, o portándolos.

Pese a que documentos educativos como certificados escolares, cédulas profesionales y títulos universitarios son los documentos más falsificados, en los últimos cuatro años, la Secretaría de la Función Pública solo ha podido sancionar a tres servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por falsificación de documentos: un técnico en imprenta, un docente y un auxiliar.

En la Ciudad de México, y en especial en la Plaza de Santo Domingo, cualquier documento se puede falsificar: desde una boleto de parquímetro, del metro, placas de identificación de autos, permisos para conducir, licencias y recibos, hasta documentos oficiales como, cédulas profesionales, títulos universitarios, credenciales de estudiante , certificados, recetas médicas, cheques, credenciales de senadores, actas de matrimonio, de divorcio, de defunción, pasaportes, visas y credenciales de portación de armas de fuego.

Sólo hace falta tener conocimientos en computación, diseño, impresión grabada y serigrafía, y en cuestión de minutos, una persona que apenas terminó la secundaria, puede tener un título para ejercer una carrera y conseguir un empleo bien remunerado.

“Tenemos títulos de la universidad de Santo Domingo”, bromean algunos de los jóvenes que se dedican a “enganchar gente” en los alrededores de la Plaza de Santo Domingo, ubicada al norponiente del Centro Histórico de la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc.

Sobre las aceras de las calle Brasil, Cuba, Tacuba, Justo Sierra y Donceles, están los enganchadores, quienes sin recato alguno ofertan falsificación de documentos: “recibos de restaurantes de 20 a 30 pesos dependiendo el Estado, credencial de elector 2 mil pesos, un título universitario entre 7 y 8 mil pesos dependiendo de la universidad, cédulas profesionales llegan a cotizarse hasta en 25 mil pesos.

“Un pasaporte 10 mil, cartilla del servicio militar 700 pesos, certificado de bachillerato 500 pesos y actas de matrimonio, bautizo, recetas médicas y acta de defunción, entre 500 y mil pesos”, señalan algunos enganchadores consultados por esta casa editorial.

SE CLONAN SENADORES

A finales del año pasado, cientos de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se desplegaron a la Plaza de Santo Domingo, donde catearon nueve locales comerciales en donde presuntamente se falsificaban títulos, cédulas profesionales, certificados escolares, actas de nacimiento, pasaportes, y billetes de alta denominación, entre otros documentos oficiales.

El operativo, -el más numeroso e importante en los últimos años- fue a petición de la SEP al detectar un aumento en la falsificación de certificado de bachillerato y los títulos universitarios. Los locales cateados estaban provistos de equipo de cómputo multifuncional, prensas, tintas, acetatos, impresoras de color, plantillas y otros aditamentos utilizados para falsificar chequeras, actas de nacimiento, de matrimonio, divorcio, y placas de circulación para automóvil, recetas médicas y sellos, entre otros.

El ministerio público encontró: 432 actas de nacimiento de Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Sonora y Veracruz, 120 plantillas de hologramas, 426 micas transparentes para credencial, 14 pasaportes mexicanos, 5 visas americanas, 5 tarjetas de residencia para el extranjero y una credencial que acredita la portación de arma de fuego.

Cientos de certificados de secundaria, bachillerato, 10 cédulas profesionales, 26 credenciales de estudiante, 21 placas de metal para impresión, sellos de diversas universidades particulares, historiales académicos, 470 hojas con impresión de 4 billetes de la denominación de 500 pesos, 958 documentos del Gobierno de la Ciudad de México, una credencial de senador vigente al 2018 y licencias para conducir, sin que hubiera un solo detenido.

Por su parte, la Secretaria de la Función Pública dio a conocer a través de una solicitud de información que en 2014, sancionó a Arturo Basurto García, quien se desempeñaba como técnico en imprenta en la SEP, por haber incurrido en el delito de falsificación de documentos; y en 2017 sanciono al docente, Mario Monroy Ruiz, y al auxiliar, Fredy Rivera Galván, por el mismo hecho ambos de la SEP.

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Sanciones por falsificar

De acuerdo al código penal federal, el delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa.