Las sanciones establecidas para quien no acate los lineamientos del Acuerdo 102/2020 publicado por el Gobierno el Estado de Chihuahua para mitigar la pandemia de COVID-19, serán del orden civil, administrativo y penal, informó el gobernador Javier Corral Jurado.

Durante el programa Chihuahua Adelante, el mandatario estatal dio a conocer los fundamentos y el esquema de coordinación para ejercer las sanciones, acompañado del secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, el titular de la Coordinación Ejecutiva del Gabinete, Jesús Mesta Fitzmaurice, y los médicos integrantes del Consejo Estatal de Salud, Sergio Enrique Modesto Terrazas y Rodolfo Chávez Chávez.

Chávez Chávez (director del Hospital Ángeles) y Modesto Terrazas (presidente del Colegio de Médicos Generales) destacaron que la inclusión de sanciones en el Acuerdo se aprobó para evitar más contagios y muertes por COVID-19.

“En Salud no teníamos ese contrapeso y estas medidas van solamente para el menor porcentaje de la población, en beneficio del 98 por ciento de las y los chihuahuenses que sí las han cumplido, pero a ese 2 por ciento que todavía no ha entendido, hay que explicárselos de otra manera, y yo creo que con esto lo vamos a lograr”, expresó Chávez.

Javier Corral también explicó la importancia y el fin último de las sanciones: “consideramos necesario que se entienda, que se comprenda la naturaleza, el espíritu, estamos pensando en los demás, no estamos dando muestra de que somos la autoridad y el poder, no, estamos buscando cómo cuidarnos entre todos”.

Dijo que las instancias competentes para vigilar al acuerdo son los ayuntamientos, también la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y Secretaría General de Gobierno.

Destacó que ayuntamientos como el Juárez, mostraron una gran disposición para acatarlo, a través del alcalde Armando Cabada Alvídrez, quien instruyó a la Policía Municipal ser vigilante del uso obligatorio de cubrebocas e incluso proporcionarlo a quien note que no lo porte.

“Es una decisión que aplaudimos porque este acuerdo, sin la colaboración de las alcaldesas y alcaldes de Chihuahua, va a ser muy difícil de aplicar”, observó el titular del Ejecutivo.

Eduardo Fernández Herrera, secretario de Salud de Gobierno del Estado, dijo que no es el objetivo ser un gobierno represor, sino el proteger a la comunidad de la falta de conciencia social por parte de algunas personas.

El funcionario pidió que la gente reporte cuando note que alguien no está cumpliendo las medidas.

Explicó que las penalizaciones contempladas en el Acuerdo 102/2020 son la amonestación, multa, clausura temporal o definitiva, total o parcial, arresto por 36 horas y cancelación definitiva de permisos o licencias para negocios y concesiones.

Detalló que para establecimientos que venden o expenden bebidas alcohólicas, se aplicarán amonestación, multa, clausura parcial, temporal o definitiva, y revocación de licencia o permiso, por parte de la Secretaría General de Gobierno.

Las sanciones administrativas por parte de los ayuntamientos, se basarán en el incumplimiento de sus respectivos bandos de Policía y Buen Gobierno, al ser facultadas para aplicar multas y arrestos hasta por 36 horas, agregó.

“Por ejemplo si hay una fiesta y se llama a la Policía, ésta le pide que la suspendan, se van y si continúa y la gente reporta, regresa y puede exigir que se retiren, si se niegan pueden arrestar a quien se niegue”, indicó.

En cuanto al ámbito laboral, se definió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social practicará inspecciones ordinarias y extraordinarias, para de ser necesario suspender las actividades de empresas, establecimientos y negocios.

Jesús Mesta Fitzmaurice, titular de la Coordinación Ejecutiva del Gabinete, expuso las sanciones adicionales, enfocadas a las y los servidores públicos.

Dijo que podrán ser del orden civil, administrativo y penal si otorgan, autorizan o emitan permisos que contravengan el Acuerdo o las disposiciones de autoridades sanitarias.

“Como servidores públicos tenemos la obligación no solamente de pregonar con el ejemplo, sino también de hacer cumplir la ley”, destacó.

Consideró que un aspecto trascendental que incluye este apartado, es la facultad para ejercer acción penal en contra de quienes agredan físicamente, en privado o en público al personal del sector salud.