Chihuahua.- Un total de seis personas se han acogido a un criterio de oportunidad con la Fiscalía General del Estado tras aceptar que recibieron recursos ilegales cuando el exgobernador César Horacio D. J. mantenía una “nómina secreta”, por lo cual han recuperado un total de 20 millones de pesos de devoluciones de dicho dinero.
El primero en regresar el recurso ilegal fue el exdiputado de Movimiento Ciudadano, Fernando R.R., quien en junio de 2017 aceptó haber recibido 2 millones 400 mil pesos, indebidamente, como apoyo del exmandatario, sin embargo, tras haber iniciado su proceso penal, fue que decidió regresar la misma cantidad de dinero que le habían entregado.
Entre los que se acogieron a ese criterio también se encuentra el presidente municipal de Juárez, Armando C. A., quien admitió la responsabilidad de los hechos y regresó 4 millones 300 mil pesos para evitar que siguieran las investigaciones en su contra, por lo que en días pasados se registró como candidato a la gubernatura por el partido Morena.
El ex director general de El Heraldo de Chihuahua, Javier Horacio C. O., entregó la cantidad de 10 millones de pesos a las autoridades, tras ser notificado de las investigaciones en su contra y por lo cual decidió acercarse al criterio de oportunidad para colaborar con las autoridades y realizar la reparación del daño.
Según explican abogados penalistas, el criterio de oportunidad es una figura que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales con el propósito de no ejercer acción penal en contra del imputado por algún hecho ilícito, quien a su vez acepta los hechos, salda la reparación del daño y proporciona elementos y/o información para que se pueda imputar a alguien de mayor importancia o jerarquía en la investigación penal.
También, según el listado de la Fiscalía General del Estado, se han aproximado tres mujeres que recibieron cerca de 3 millones 200 mil pesos, mismas que durante la administración de César Horacio obtuvieron la cantidad de 2 millones 200 mil pesos, poco más de 500 mil pesos y 500 mil pesos.
Estas mujeres, durante ese periodo, eran dirigentes de dos partidos políticos en el estado, mientras que otra de ellas, era una diputada local, que al igual que varios de los integrantes de la nómina secreta, se benefició con este tipo de pagos irregulares que mantenía el ex mandatario ballezano; cabe mencionar que el total aproximado de esta nomina es de mil millones de pesos.
Parte de las personalidades a quienes también se le ofreció este mecanismo de reparación del daño y criterio de oportunidad, fue a la presidenta municipal capitalina, María Eugenia C. G., quien del 2014 al 2015 recibió cerca de 27 pagos de esta “nomina” con los que se benefició con cerca de 7.1 millones de pesos.
De igual forma, y quien también rechazo ese criterio de oportunidad, fue el secretario del ayuntamiento capitalino, César J. M., quien obtuvo cerca de 2 millones de pesos, cuando fungía como diputado local, en compañía de la alcaldesa y varios personajes políticos que recibieron este tipo de pagos.
La FGE solicitó el desafuero del senador de Morena Cruz, quien es acusado de haber recibido cerca de 2 millones de pesos, y mismo que también le ofrecieron dicho criterio, pero que por razones desconocidas decidieron no aceptar la responsabilidad y en cambio omitieron las investigaciones.
Entre los que se encuentra en calidad de prófugo de la justicia es el hermano de César Horacio D.J., Sixto D.J. quien se encuentra investigado por recibir dinero de forma irregular, dentro de lo que se conoce como la “nomina secreta” pero que hasta el momento se desconoce su paradero actual dentro del país.
Luego de que la Fiscalía reactivara las investigaciones por dicha nómina, donde se mantenían pagos ilegales a distintas personalidades, durante el periodo del 2011 al 2016, varios de los involucrados decidieron adherirse a un criterio de oportunidad, que inició entre el mes de julio con la detención de César Horacio.
El propio gobernador Javier Corral Jurado, mencionó que el tema de la nómina secreta se había mantenido suspendido, para evitar filtración de información en las audiencias de los posibles responsables, toda vez que el ex gobernador no había sido capturado, pero que esta detención le dio paso a la Fiscalía para que actuara en contra de los posibles involucrados.
Tras los señalamientos que hizo el gobernador Javier Corral en contra la alcaldesa María Eugenia el día 14 de julio, varios de los involucrados optaron por acercarse a las autoridades para rendir declaración de los hechos, otros funcionarios actuales giraron amparos para evitar detenciones o conocer sobre algún expediente en su contra.
Sin embargo, hasta la captura del ex líder juvenil nacional tricolor Cristopher J.B. el pasado 5 de noviembre, fue que seis personas acudieron a aceptar el criterio de oportunidad y reconocieron haber recibido dinero de forma ilegal, y realizaron la reparación del daño para evitar un juicio en su contra.
Entre los involucrados se encuentran algunos políticos y actuales funcionarios, quienes recibieron entre 2 a 5 millones de pesos; algunos empresarios que devolvieron más de 2 millones de pesos y otros ex funcionarios que recibieron alrededor de 6 millones de pesos producto de esta nomina privada del ex mandatario.
Aunque las cantidades eran distintas para cada actor político la Fiscalía General del Estado, ha logrado acreditar que mensualmente se preparaban los pagos para un listado de 120 personas, por pagos que iban de los 100 mil a los 500 mil pesos, dependiendo del cargo, el favor o la relación con el ex gobernador.
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