Solicita Congreso acción penal vs Marcelo López

Por sobrejercicio en salarios; falta de facturas a pagos realizados por pavimentación y otras más

Saúl García

  · miércoles 5 de diciembre de 2018

Ahumada, Chihuahua.- La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado presentó ayer 20 dictámenes correspondientes a cuentas públicas de municipios, instituciones y fideicomisos, siendo las administraciones municipales de Ahumada, Nuevo Casas Grandes y Riva Palacio las que más observaciones presentaron; de los 20 entes fiscales, 13 presentaron observaciones, ordenando el Congreso del Estado a la Auditoria Superior del Estado a presentar las denuncias correspondientes ya sea por la vía Civil, Administrativa o Penal en contra de los funcionarios señalados en las cuentas públicas del 2017.

Los municipios que presentaron observaciones son: Ahumada, Aldama, Coronado, Ignacio Zaragoza, Nuevo Casas Grandes, Nonoava, Riva Palacio, Rosario, San Francisco de Borja, El Tule y Urique; así como el Fideicomiso del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.

De los municipios con observaciones destaca Ahumada, en el que se presentan 4 irregularidades; la primera por sobrejercicio en salarios; la segunda por falta de facturas a pagos realizados por pavimentación hidráulica; la tercera por sobrejercicio en materiales y suministros y la cuarta por parentesco familiar.

Por ejemplo, dicha Comisión ordena a la ASE a que presente denuncias penales en contra del alcalde de Ahumada, Luis Marcelo López Ruíz y a quien resulte responsable por las remuneraciones al personal con carácter permanente, siendo estas Francisco García Ruiz por el monto de $62,066.00, Jessica Viviana López Flores $57,000.00 y Brenda Lizeth García López $72,200.00.

En el caso de Nuevo Casas Grandes se señalan 4 faltas; tres porque el concreto no corresponde al grosor que contempla la factura y la legislación que marca 1.50 cm siendo este de 89, 1.07 y 1.22 cm. Riva Palacio presenta 5 observaciones todas por parentesco familiar.

El municipio de Urique, en su cuenta pública del 2017 le realizó el Congreso, entre otras cosas, observaciones mediante la auditoría efectuada en el rubro de variaciones presupuestales, se determinó un sobre ejercicio por la cantidad de $4,619,047.29 en la partida de Servicios Personales, registrando erogaciones por un importe de $34,969,144.68 y en el presupuesto de egresos aprobado para el 2017, aprobándose únicamente $30,350,097.39; lo anterior en incumplimiento en el citado informe técnico de resultados.

Además derivado de la revisión a la partida de materiales y suministros, se determinó un sobre ejercicio por la cantidad de $14,243,072.71, ya que el Ente fiscalizable registró operaciones por este concepto por un importe de $16,586,572.71 y en el presupuesto de egresos aprobado para el 2017, se aprobó únicamente $2,343,500.00; lo anterior en incumplimiento en lo referido del apartado de auditoría financiera del informe técnico de resultados.

Las otras 8 cuentas públicas aprobadas por el H. Congreso del Estado, sin observaciones corresponden al Instituto de la Juventud de Parral, Allende, Bachíniva, Bocoyna, Gómez Farías, Hidalgo del Parral, Santa Isabel y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo Casas Grandes.

De los 20 municipios auditados, 13 tienen observaciones y sólo 7 están libres, señaló el diputado Miguel Ángel Colunga Martínez, quien aseguró el trabajo de fiscalización debe seguirse realizando en el Congreso del Estado “no solamente en la Auditoría Superior del Estado, como lo propone el nuevo auditor Héctor Acosta, quien contempla que las cuentas se auditen sin pasar por el Congreso” dijo.

El también presidente de la Comisión de Fiscalización consideró que las cuentas públicas deben seguir siendo aprobadas o desaprobadas por el pleno de los diputados, porque “ello garantiza pluralidad, transparencia, por lo tanto existe neutralidad”.

Colunga Martínez aseguró que su partido ya trabaja en hacer de la corrupción un delito grave, porque de nada servirá que se siga trabajando en dictámenes ya sea la ASE o el Congreso del Estado, si no existe castigo para quienes practican este delito.

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