ABANDONO.- Ni la SCT ni la SCOP asumen la tutela del tramo carretero Los Jagüeyes-San Lorenzo, de los municipios Namiquipa y Buenaventura, respectivamente, lo cual quedó evidenciado no sólo por el mega hoyo que se formó con un diámetro de 12 metros desde hace casi dos semanas e inhabilitó el paso vehicular, sino los 100 kilómetros de abandono que exhiben, ninguna autoridad responde por el mantenimiento.
ACCIDENTE.- Hasta que no ocurra una tragedia, aseguran los pobladores de esos ejidos y los propios transportistas que reclaman se colocara una advertencia apenas un par de metros antes de llegar al “cráter” con un cono naranja, una llanta y un montículo de piedras. Sería entonces, cuando suceda un fatal accidente, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del Estado, se decidan a tomar en serio la situación.
TRAMO.- Y es que no es el único tramo en deficientes condiciones, éste destacó por el aparatoso derrumbe de la carpeta asfáltica, pero en la carretera Panamericana, en el tramo Camargo-Delicias ya se formaron grietas suficientemente profundas como para causar percances.
TRAMO II.- En tanto, Carlos Luis Ramírez García, director general del Centro SCT Chihuahua y Gustavo Elizondo Aguilar, titular de la SCOP, se han enfrascado en una guerra de declaraciones, endosando la responsabilidad de la carretera Namiquipa-Buenaventura y hablando cada uno, de un convenio de reasignación, que tampoco muestran, por lo que todo apunta a que en julio de 2022 se estará celebrando el primer aniversario del mega hoyo.
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FRONTERA.- Sorprendió a muchos la petición de la gobernadora electa María Eugenia Campos Galván, de tomar protesta en Ciudad Juárez, con lo cual se convertirá no sólo en la primera mujer en asumir el Poder Ejecutivo del estado, sino en realizar el acto protocolario en la frontera, en lugar de la capital. Sólo es cuestión de que la próxima semana, los diputados lo aprueben y se programe la sesión en la plaza de La Mexicanidad, a donde se estarán trasladando para llevar a cabo el evento constitucional.
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ESCOLTAS.- De manera muy atinada, la diputada Georgina Bujanda, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado propuso la creación de una mesa técnica que analice la iniciativa, enviada por el mandatario estatal Javier Corral para volver a asignar escoltas a los exgobernantes.
ESCOLTAS II.- Como se recordará, cuando Corral Jurado tomó el poder envió una iniciativa para retirar la seguridad a exgobernadores, ahora mandó al Congreso, la petición para reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y se destinen escoltas para él, así como el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta; el fiscal general, César Peniche y el titular de Seguridad, Emilio García Ruiz, hasta por cinco años una vez terminada su gestión.
ESCOLTAS III.- Bujanda Ríos –quien tiene años de experiencia en las fiscalías y procuradurías— ni la secundó ni la rechazó, la puso sobre la mesa para que se evalúe cada caso, pues no es lo mismo que un funcionario al terminar se vaya a vivir a otro país, que aquel que siga residiendo en el lugar donde ejerció el cargo. Además, quizá el punto más complicado, analizar qué detenciones importantes se han realizado que amenacen la integridad de los futuros exfuncionarios.
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GABINETE.- Cada día las piezas se mueven en el tablero, recientemente se ha comentado que Roberto Fierro, coordinador jurídico del equipo de transición de Maru Campos, sería nombrado consejero jurídico del Estado, aunque hay quienes aseguran que ha puesto el ojo en la Fiscalía General del Estado.
GABINETE II.- Si bien es cierto que al ser el encargado de recibir a la Fiscalía General en el marco de la transición, lo hace el obvio próximo titular, también se ha dicho que ese cargo será tratado con pinzas, pues es un área muy dañada pero fundamental para dar resultados. Otro nombre que se ha filtrado para ese puesto es el de Eduardo Guerrero Durán, sin embargo, nada está escrito.
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CERESOS.- Al inaugurar ayer la Segunda Sesión Ordinaria de la Zona Noroeste de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, el gober Javier Corral reconoció deficiencias y convocó a los representantes de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, así como a los anfitriones de Chihuahua, a tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los centros de readaptación social, pero lo que llamó la atención es que admitió la serie de brotes por COVID-19 generados durante la pandemia en las cárceles locales y que los contuvieron con la aplicación de un medicamento boletinado en muchos países, incluyendo México.
PRUEBA.- “Perdí varias veces la votación en la Comisión de Bioética, pero finalmente la gané y dimos Ivermectina con un formato especial, dos pastillas en el primer tratamiento y en total se suministraron 3 mil 842 dosis”, destacó Corral, al indicar que entre prueba y error, funcionó. Cerró su participación con el agradecimiento a la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, por retomar la coordinación con el estado y dar vuelta a la página, tras el conflicto por el agua de la presa La Boquilla.
