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SABÁTICO.- La jueza de Control, Hortencia García, quien modificó la medida cautelar del exgobernador César Horacio D. J. solicitó un permiso para ausentarse cuatro meses y según trascendió, ya se lo autorizaron en la oficina de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, y el pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.
PLAZO.- Como se recordará, el 4 de junio pasado la jueza giró el oficio 43157/2024 sobre la causa penal 3041/2019 dirigido a la autoridad penitenciaria del Estado para que el exmandatario, en ese momento hospitalizado, no regresara al penal de Aquiles Serdán y se le otorgara la prisión domiciliaria ya que estaba por cumplirse el plazo máximo constitucional de dos años recluido sin recibir sentencia.
PASAPORTE.- Posteriormente se realizó la audiencia para revisar esas medidas cautelares y se determinó que en cuanto los médicos dieran de alta a César Horacio D. J. ya no iría al penal sino al domicilio que su hijo rentó para ese efecto, en tanto que la Fiscalía General del Estado exigió el uso del brazalete electrónico y la entrega de su pasaporte.
SECCIÓN.- Lo anterior generó críticas a la jueza por parte del exgobernador Javier Corral y en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador la balconearon en su sección de “Jueces que favorecen a presuntos delincuentes”, así que se desconoce si a partir de ello, García Rodríguez optó por estar fuera del radar político.
MALETAS.- O si le dieron el pitazo por aquello de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum ya dejó claro que la reforma al Poder Judicial va porque va y en ese sentido, se esté gestando alguna acción en su contra, lo único claro es que la jueza no despachará asuntos por un tiempo y ya tiene sus maletas listas para brincar el charco del Atlántico.
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AGREGADO.- Y es que por más que el fiscal general César Jáuregui ha recalcado que no estar tras las rejas, no quiere decir que ya concluyó el proceso penal en contra de César Horacio D. J. por peculado agravado, menos cuando tiene una fila de otras 18 causas penales que el Estado tramita agregarle.
GABINETE.- Incluso se expuso que la jueza atendió lo dictado por el juez de Ejecución de Penas, Ernesto Alonso Armendáriz, quien recalcó que el plazo estaba por expirar y se debía cambiar la medida cautelar. Sin embargo, nada convence a Corral Jurado, quien será senador de Morena y no se descarta que se integre al gabinete de Sheinbaum Pardo.
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QUEJAS.- Por las quejas que ayer se presentaron por parte de comerciantes de Juárez parece que el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, tendrá que revisar cómo están operando los inspectores de Gobernación.
CUOTAS.- El organismo fronterizo denominado Ciudadanos Unidos se presentó ayer a la oficina del representante de la gobernadora, Óscar Ibáñez, para exponerle que los agentes acuden cada fin de semana a bares, cantinas, terrazas y antros y les cobran desde 5 mil hasta 20 mil pesos para no cerrarles los locales, lo cual ocurre desde marzo pasado.
NEGOCIOS.- Aseguraron que operan en regla y que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por lo que consideran ya califica como extorsión y pedirán la intervención de la Policía Municipal.
CESE.- Ibáñez Hernández les dijo que ya habló con el secretario general de Gobierno, quien lo instruyó a documentarlo porque si se demuestra ese tipo de actitudes ameritará el cese del inspector o agente.
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¿SUBASTA?- Para los comerciantes de Chihuahua capital, la problemática es con el personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y de la Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas (Somexfon) porque llegan a los restaurantes y a quienes tienen televisión y música les quieren cobrar derechos de autor, partiendo de 18 mil pesos para que como en subasta empiece la negociación.
REGALÍAS.- Un tema que no sólo los tiene cansados sino que no hay a nivel local, una oficina que atienda esos asuntos ni criterios claros de aplicación para que el pago de esas regalías no dependa de un criterio al azar, sino de lo estipulado por ley e incluso para que cada propietario pueda acercarse a hacer el trámite y un pago anual.
CLAUSURAS.- No hay tal y lo que ocurre es que hasta que los inspectores llegan al establecimiento se puede hablar al respecto y no es para conocer tarifas, sino con el amago de multas y la clausura de pantallas y bocinas.
SENADO.- Desde precisar la forma en que se fijan esos precios que no distinguen entre el tamaño del negocio, la cantidad de empleados, el número de clientes al día y los ingresos, es decir sobre qué base se cuantifican esas regalías, así que ya se están asesorando con abogados y acercándose con los senadores para que los ayuden a crear un sistema eficaz, en lugar de lo que ya parecen extorsiones.
