FUGA.- Pese a los buenos resultados que había dado la Guardia Nacional en el municipio de Maguarichi, los agentes se retiraron ayer del poblado de una forma sorpresiva, incluso desde la cabecera municipal algunos de sus habitantes reportaron que la desbandada ocurrió en la madrugada para que nadie se diera cuenta hasta que amaneció.
FUGA II.- Según se dio a conocer, ocurrió de una forma preocupante para la comunidad con menos de 800 habitantes y vecinos de Urique, Bocoyna, Uruachi y Guazapares. Se indicó que tan contenta estaba la mayoría de la población, que ya les tenían afecto a los uniformados y organizaron una manifestación para pedirles que no se retiraran, pero por órdenes superiores se retiraron.
COMPLICACIÓN.- Ahora que no hay fuerza del orden en la tierra de los géiseres y las barrancas, los pobladores temen que se pongan peor las cosas, pues apenas un par de días atrás, los elementos de Gilberto Loya, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, desarmaron a todos los policías municipales por no cumplir con los requisitos principales para manejar armas de fuego.
POLICÍAS.- En contraste con lo que la SSPE ha hecho en cada uno de los 12 municipios que se quedaron sin corporaciones, en Maguarichi no se ha asumido el control por parte del Estado, tal vez porque estaba la Guardia Nacional, pero sin ésta alguien deberá velar por la integridad de los poco más de 2 mil ciudadanos que en total residen en esa zona serrana.
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COORDINACIÓN.- Cada día es más evidente la división que existe entre las corporaciones de seguridad. Actualmente, la Fiscalía General del Estado no registra las agresiones armadas en contra de oficiales de la Guardia Nacional –como la ocurrida ayer de Guerrero a Madera— y esos elementos no intervienen en los operativos con los agentes investigadores.
CERO.- Se refleja hasta en las cifras oficiales. La Secretaría de la Defensa Nacional informó el miércoles que en la búsqueda de “el Chueco” se han detenido a 10 personas en Urique y otros municipios de la Sierra Tarahumara; mientras la dependencia estatal dio a conocer ayer que se han realizado 14 arrestos, nueve de los cuales han sido procesados y tres de ellos son familiares del líder criminal.
CELO.- Además de la confusión, impacta en los indicadores de seguridad, ya que mientras los municipales atrapan a unos, la Fiscalía a otros y la Federación a algunos más; los casos se caen por no tener bien integradas las carpetas de investigación o por los “celos” entre corporaciones.
SEXTO.- La cuestión es que del informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado se sitúa en el sexto lugar nacional en incidencia de homicidios hasta junio pasado, mejor que en la cuarta posición que estaba hasta principios de año, pero sigue siendo un nada honroso puesto entre las 10 entidades más violentas del país, de modo que hay mucho trabajo por hacer en lugar de dividirse por cuestiones políticas.
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PICO.- Aun cuando ya nadie quiere hablar de la pandemia por el temor a cierres productivos que afectaron tanto a la economía como la enfermedad misma, lo cierto es que con el actual ritmo de contagios ya se alcanzó el pico más alto del año, luego de que el 8 enero se registraron mil 143 casos y al día siguiente mil 97 más.
PICO II.- El miércoles se contabilizaron mil 840 padecimientos, de los cuales poco menos de la mitad se concentran en la capital del estado, que desde el año pasado ha superado a la frontera en el grado de propagación.
PROTOCOLOS.- Es un dato alentador que las hospitalizaciones y los decesos no se han incrementado en esa proporción, sin embargo, la convivencia con el virus hace imperativo que la ciudadanía no relaje las medidas de protección y continúe aplicándose vacunas, de ahí los llamados de Salud del Estado para seguir cuidándose. Nadie quiere volver a escuchar la palabra rojo y así, entidades como Tamaulipas tuvieron que decretarlo esta semana.
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DESPLAZADOS.- Más de 120 familias que huyeron de sus viviendas por el temor de ser asesinadas en Uruachi y Guazapares confían en que la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitida desde abril para que el gobierno del estado los restablezca e indemnice, se acate como se comprometió el secretario de Gobierno, César Jáuregui.
CHUECO.- De hecho, esos pobladores serranos forzados a desplazarse de las comunidades El Manzano y Monterde, respectivamente, podrían haber sido víctimas del grupo criminal de José Noriel P. G., quien además está relacionado con el asesinato de Cruz Soto, el activista ambiental y social atacado en 2019 por agentes municipales en Guazapares.
RELACIÓN.- Más allá de los homicidios cometidos el 20 de junio pasado que apuntan al “Chueco”, los titulares de seguridad de los tres niveles de gobierno saben que ese delincuente tenía controladas ciertas zonas y donde él no operaba, había otras células comandadas por sus jefes, Los Salazar, con sede en Chínipas, primero por Adán S. Z. alias “Don Adán”, quien al ser capturado fue relevado por su hermano Crispín S. Z. (a) “el Tío Pin”, señalado por ordenar la muerte de agentes ministeriales, inclusive de la periodista Miroslava Breach.
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RELLENO.- Los enterados dicen que ya hay una propuesta en firme para instalar el Relleno Sanitario de la capital del estado, lo cual a quienes más urge es a los vecinos de fraccionamientos cercanos como Paseo de los Leones, Romanzza y Quinta Versalles.
ANÁLISIS.- La terna estaba entre tres lugares y el alcalde Marco Bonilla ha sido cuidadoso en el análisis, no quiere equivocarse con la calidad del suelo y que no haya filtraciones a los mantos freáticos, pues una vez elegido el punto ya no habría vuelta atrás.
PLAZO.- Y es que para abril de 2024 las instalaciones deberán estar terminadas y operando, por ello es cuestión de meses para que el presidente municipal capitalino dé a conocer su fallo. Probable que el anuncio enmarque su informe del primer año de gobierno.