GN.- Los “protocolos” utilizados por elementos de la Guardia Nacional son tan ambiguos como su propia estructura —administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional y dirigida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana—, y si ya desde su precedente la Policía Federal era una odisea proceder contra delitos cometidos por sus agentes, ahora es peor porque entra la milicia para encapsular los casos.
¿JUSTICIA?- Con el argumento de que la Sedena y la SSPC se encargarán de procesar y hacer justicia, cuando menos las familias de cuatro civiles en el radar chihuahuense continúan a la espera de que no sólo aprehendan a los responsables del mismo número de homicidios sino entrar a la fase de la reparación del daño.
BALAZOS.- Menos considerar que habría alguna consecuencia porque lleguen a dispersar migrantes a balazos, como ocurrió el miércoles pasado horas antes de que llegara el embajador Ken Salazar y el subsecretario de Estado, Richard Verma y los extranjeros pretendieron atravesar y de ambos lados de la frontera se toparon con guardias pero sólo del lado mexicano abrieron fuego aunque digan que fue al aire.
RECIENTE.- Cabe decir que de hecho, el crimen más reciente que se adjudica a guardias nacionales ocurrió en Guadalupe Distrito Bravos, a menos de una hora de Ciudad Juárez donde la noche del martes pasado se reportó que había un enfrentamiento y al parecer fue un ataque directo, lo que trascendió a los medios de comunicación gracias a las declaraciones del fiscal general César Jáuregui.
SECUESTROS.- Asimismo, se han dado a conocer un par de casos en que guardias en activo o militares han sido señalados de cometer secuestros en la ciudad de Chihuahua. Justo dos meses atrás también se acusó que dos elementos adscritos al Segundo Batallón de Infantería privaron de su libertad a comerciantes de los municipios de Bocoyna y Cuauhtémoc.
ACTIVO.- Y para dimensionar la problemática baste apuntar que uno de los efectivos castrenses fue dado de bajo de la Sedena pero se incorporó a la Guardia Nacional, donde permanecía en activo.
PANORAMA.- La cuestión es que a partir de los arrestos no se vuelve a informar de los procedimientos, si realmente cumplirán con alguna condena o siquiera permanecen recluidos y exhibe el talón de Aquiles de todas las corporaciones: los exámenes de confianza, problemática que podría duplicarse si se estima que llegarán más guardias nacionales al estado, casi el doble de aquí a diciembre próximo. Chihuahua ya pasó por el trágico efecto de la militarización en 2010…
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REGUETÓN.- Después de que el alcalde capitalino Marco Bonilla expusiera que se prohibirá la reproducción musical en conciertos, bares y hasta en la radio de corridos “tumbados” y reguetón que no sólo hagan apología sobre el crimen sino enaltezcan la violencia contra la mujer; en Juárez se decidió no sumarse a esta iniciativa.
TAJANTE.- El presidente municipal de la frontera, Cruz Pérez Cuéllar indicó ayer que con esas medidas no se resolverá la elevada incidencia de feminicidios, violencia sexual e intrafamiliar; “no estoy de acuerdo —resaltó— y yo jamás promovería algo así porque no va a resolver absolutamente nada”.
LIBERTAD.- El alcalde juarense consideró que imponer multas lo convierte en un asunto recaudatorio y atenta contra la libertad de decisión de cada persona, por ello no se sanciona a artistas en espectáculos públicos ya que consideró una contradicción otorgar un permiso para después multarlos.
VISIÓN.- Una visión distinta a la de la ciudad de Chihuahua, donde sí se condena la interpretación de música que empodera al narcotráfico y ahora se incluyó el factor de violencia de género, nada casual ya que el estado ocupa el sexto lugar nacional en feminicidios y por municipios, Juárez concentra el mayor número.
INSPECTORES.- No obstante, la campaña de Bonilla Mendoza sí que ha causado polémica, en especial entre los comerciantes locales, a quienes preocupa que la aplicación del reglamento cívico se realice a discreción y abra la puerta al abuso de inspectores al aplicar las multas.
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FIRMA.- El conflicto entre las diputadas locales, Rosana Díaz de Morena y Georgina Zapata del PRI acabó por reventar ayer. La primera acusando que se hacía un mal uso de su firma electrónica en la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes porque la priista convocaba a sesiones sin consultar y por ello, notificó a la presidencia del Congreso del Estado que inhabilitaba el permiso para que se usara esa herramienta.
AUSENCIA.- Zapata Lucero desmintió tener acceso a la firma electrónica de la legisladora y exigió que entonces se presente a las sesiones, ya que su ausencia detiene las labores de la comisión y como ya se acabó la pandemia, se había acordado que las juntas se hicieran presenciales.
PRUEBAS.- La congresista del tricolor pidió que demuestre ese mal uso de la firma electrónica porque es la secretaria de Asuntos Legislativos quien tiene acceso a la misma, por lo que pone en tela de juicio su desempeño y encubre sus faltas, que la morenista justifica con trabajo de campo en su distrito, el IV con sede en Ciudad Juárez.
DISTRITO.- En los alegatos dos detalles llamaron la atención; uno que los demás integrantes de la fracción guinda no se sumaron al reclamo de su compañera y dos, que los diputados de Morena se la pasan en la frontera ya que están muy concentrados en promover la imagen de la aspirante a coordinar la 4T, Claudia Sheinbaum.
