MOTIVOS.- Razones para estar molestos y lo que le sigue le sobran a la Diócesis de la Tarahumara porque en cuestión de cuatro meses perdieron a dos de sus hermanos a manos supuestamente de un líder criminal en la Sierra, quien no ha sido detenido y las fuerzas federales enviadas para reforzar la vigilancia en ese corredor del Triángulo Dorado cada vez son menos y están enfocadas en implementar el programa Sembrando Vida.

JESUITAS.- Nada casual que la delegación de Bienestar, a cargo de Juan Carlos Loera, programara una visita los días jueves y viernes pasados a la comunidad de Cerocahui, del municipio de Urique, justo cuando se cumplía el par de bimestres de los homicidios de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, de 79 y 81 años, respectivamente.

RECONOCIMIENTO.- El itinerario incluía colocar un altar de muertos en honor a los sacerdotes Gallo y Morita, como los llamaban los pobladores, en el templo donde los asesinó “el Chueco” y ya que ambos estaban inscritos como sembradores. Además, se haría un reconocimiento a elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena que han garantizado la aplicación del programa insignia de la 4T.

CONTENCIÓN.- No así la contención de la violencia, ya que en el municipio vecino, el de Guachochi, se libra una guerra entre integrantes del Cártel de Sinaloa y precisamente el jueves pasado, los habitantes amanecieron con el sonido de disparos que duraron horas. No obstante, el contingente de la milicia que acudió a esa zona se desplazó desde la 42 Zona Militar con sede en Parral.

VECINO.- Esos soldados, no los que estaban apostados en el municipio vecino de Urique, fueron los que llegaron a Guachochi, los recibieron a balazos y repelieron el fuego, tras lo cual capturaron a 12 civiles y notificaron a la Fiscalía General del Estado para que embalara todo lo asegurado y se hicieran cargo de los cuatro cadáveres.

PERICIAL.- Una labor pericial, puntualizó el fiscal general Roberto Fierro, al describir su participación en el operativo de contención en el conflictivo territorio de Guachochi, de donde huyen de manera frecuente –a cada balacera, despojo o amenazas— familias indígenas que se apoyan más en los sacerdotes y organizaciones civiles como Redeti y Alianza Sierra Madre, que en los gobiernos y muchos menos en las corporaciones policíacas.

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GUETO.- Así el mapa de la logística de sobrevivencia en la Sierra Tarahumara, que aplica desde Namiquipa hasta Guadalupe y Calvo, en ese amplio gueto donde nada entra ni se mueve sin que las células criminales lo permitan y que sólo se repliegan momentáneamente ante los reflectores con casos como el de los sacerdotes victimados junto con el guía de turistas Pedro Palma y un vecino de Cerocahui.

VICARIO.- Desde el 3 de octubre pasado, el vicario de la Tarahumara, Héctor Fernando Martínez, expuso que ya habían regresado los criminales a la zona de Urique y sus alrededores, sin descartar que hubiera vuelto “el Chueco”, que ya “patrullaban” de nuevo en calles y caminos, y declaraban “toques de queda” porque el reacomodo de grupos había concluido para retomar la disputa de plazas. Eso lo dijo cuando se dio a conocer que se replantearía la estrategia en Juárez, luego del “jueves negro”.

CONCIENCIAS.- Cómo no va a reclamar ahora, a tratar de sacudir conciencias, el nuevo pronunciamiento de la Diócesis y la propia Compañía de Jesús al considerar que Chihuahua, y en particular la Sierra, está en un estado de guerra y las comunidades quedan en la soledad absoluta porque no en todas partes hay señal de internet y en ciertos puntos ni de celular para hacer llamadas.

CHUECOS.- Si cada diócesis hiciera lo propio, serían cientos de pronunciamientos porque a lo largo del país cada región tiene su “Chueco”; entre Guardia Nacional y Ejército concentran labores como resguardar que se puedan sembrar árboles, administrar aduanas o construir aeropuertos, mientras todas las ramificaciones del crimen organizado controlan la vida productiva y social en cada rincón, y en tanto el discurso del gobierno federal es que la violencia no se resuelve a balazos… Y ahí estamos.

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MUNICIPAL.- El DIF es sin duda el área que le da rostro humano a los gobiernos, ya sea estatal o municipal, ya que sus programas van dirigidos a atender a los grupos más vulnerables, a fortalecer a las familias y proteger los derechos de niños y adolescentes. Eso quedó enmarcado en el informe que ayer rindió la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas.

FAMILIAS.- Dio cuenta de la atención que se brindó a las familias que habitan en el municipio de Chihuahua y se vio bien arropada, por supuesto de su familia y el alcalde Marco Bonilla, así como el equipo que encabeza, funcionarios municipales, estatales y organizaciones civiles.

CEDEFAM.- Se sorteó bien el reto de la reactivación de los Centros de Desarrollo Familiar y otros espacios comunitarios después de la pandemia, asistiendo a 5 mil personas, un remedio para subsanar las secuelas sociales que dejó el confinamiento.

RED.- Se reconoce la visión que ha impuesto Karina Olivas al abordar temas que muchos habían preferido no voltear a ver, como el acogimiento de niños en situación de calle con el programa “La calle no es su lugar”, conformando una red de atención con la sociedad civil para resguardarlos.