Ahora salieron con que el número de día que le asignaron en Coparmex a Maru Campos, para su participación en Diálogos por Chihuahua, es una especie de predestinación.
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O dicho de otra manera: los organizadores pensaron en todo y por su pasado propanista, le asignaron a la alcaldesa del municipio de Chihuahua, ese día del mes de mayo, para que se quede grabado que el 21, sería de ella. Por aquello del 2021, en que es la elección de la gubernatura –y otras elecciones-.
Suena a broma, pero sí, esa es la cantaleta que traían ayer los promotores de María Eugenia Campos, alias Maru.
Anteriormente han agradado a dicha política, obsequiándole camisetas deportivas con el número 21 estampado.
Son más bien estrategias de los grupos, para tratar de quedar bien con ciertos políticos, para después pedirles apoyos en caso de que lleguen a ganar los procesos electorales.
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De no ser por la presencia de la policía municipal en Juárez, quién sabe qué suerte habrían tenido en los últimos meses los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en esta región fronteriza.
Dicha corporación ha sido blanco constante de los grupos del crimen organizado, los cuales cuentan con una gran capacidad operativa y de logística.
Tan solo en las últimas horas, se reportaron varias agresiones armadas en contra de los estatales, donde a pesar de la evidente falta de experiencia en el manejo de armas por parte de los delincuentes, demostraron que pueden realizar ataques coordinados y ocasionar daños.
En la mayoría de las ocasiones han sido los policías municipales, con mayor cantidad de elementos y patrullas, quienes han podido detener sicarios y confrontarlos, al grado de abatirlos, como fue el caso del miércoles, donde privaron de la vida a tres de ellos en una sola de las intervenciones.
Así que cabe preguntar si será necesaria la presencia de la CES, al menos aquí en Juárez, donde su actuación es casi ornamental, porque no hay un real impacto efectivo para disuadir la delincuencia.
Y es la tropa, la que paga los platos rotos, por las supuestas componendas que llegan a hacer los altos mandos, dejando desprotegidos a los de a pie.
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Bastante polvareda ha levantado en las redes sociales, la pronta recuperación y alivio del Covid-19 del presidente municipal Armando Cabada Alvídrez que en 14 días le desapareció el contagio.
Hasta se ha hecho mofa en varios memes que circulan por el ciberespacio.
Dicen que fue un tiempo récord, " se contagió de coronavirus, se curó y regresó de inmediato a su trabajo".
Ahora es la síndica Leticia Ortega Máynez, la que da a conocer que resultó positiva al Covid-19, aunque ella sí con algunos síntomas, no como Armando Cabada que fue de principio a fin asintomático.
Pero algunos cibernautas, también ponen en duda la veracidad de la síndica, aunque con menor virulencia.
Se diría: por unos la llevan todos. Como ocurre con los diputados, cuya figura y prestigio es de los más vapuleados, aunque existan honrosas excepciones de trabajo y hasta de honestidad.
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En este maremágnum de políticos repartiendo apoyos, hay unos a los que de plano, no se les da ni por encima la empatía, es el caso de algunos diputados y diputadas, como Ana Estrada que tuvo la ingeniosa idea de llevar cientos de sopas instantáneas y juguitos a la Fiscalía de la Zona Norte para que los agentes, los integraran a sus surtidas despensas. Simplemente no se atrevió a salir a recorrer las calles de su distrito.
Otro caso en el que podríamos decir que sale más caro el caldo que las albóndigas, es el de la legisladora Maite Vargas que tuvo la ocurrencia de entregar despensas en cajas de cartón rotuladas con su nombre y logotipo y en su interior una paupérrima cantidad de artículos no perecederos.
Es demasiado evidente que con el costo de la caja y la impresión pudieron comprarse e incluirse unos tres o cuatro artículos más a dichas despensas. Y eso que a ella no le costaron, sino al embajador de Taiwán en México.
Hay otros legisladores y legisladoras peores: ni siquiera se han presentado en sus respectivos distritos, cuando menos para preguntar a sus representados: ¿cómo están? Es el caso de Janet Francis Mendoza Berber en el distrito 2, Leticia Ochoa en el 10 y Claudia Lastra diputada federal.
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Es claro que en este momento de crisis sanitaria, la atención de los sospechosos y quienes ya adquirieron el Covid-19 es prioritaria, sin embargo, la pandemia está haciendo más estragos en otro tipo de pacientes que están enfermos a los cuales, no se les quiere brindar en ningún lado servicio médico.
Enfermos que antes acudían a los centros de salud, que ahora están cerrados y concentrada la atención médica en el Hospital General, quedaron desamparados porque fueron suspendidas todas las consultas y no tienen forma de que les surtan su medicamento indispensable para la salud.
Tal es el caso, por ejemplo, de las personas con enfermedades como la diabetes, que requieren de medicamentos recetados por un médico. Algunos de ellos han tenido que comprar las medicinas, ¿y los que no tienen recursos? No hay de otra, a rezar para que no se les presente un problema de salud grave.
Además, entre los pacientes enfermos que requieren de un tratamiento permanente, tienen el temor fundado acudir al Hospital General, ya que es considerado de alto riesgo por la atención a personas con el Covid-19, y puede ser una fuente de contagio para esa población vulnerable.
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Allá en la capital del estado los que siguen agarrados de las greñas son el síndico Amín Anchondo y la alcaldesa María Eugenia Campos.
Resulta que en la reciente reunión de Cabildo, el fiscalizador municipal exhibió ante la opinión pública irregularidades cometidas en al menos cuatro grandes obras iniciadas, así como en un edificio terminado que será utilizado como albergue cultural.
No es la primera ocasión que Anchondo informa a los chihuahuenses de fallas administrativas detectadas.
Por supuesto que su función es la de revisar que los recursos públicos se destinen de forma puntual y exacta a los proyectos aprobados en el Presupuesto de Egresos.
Por lo pronto el síndico, de extracción panista, pidió a la autoridad municipal se paren las obras y se revisen los contratos con las constructoras que se adjudicaron las licitaciones, al mismo tiempo pidió que el Órgano de Control Interno Municipal determine las sanciones correspondientes por el incumplimiento de los contratos.
Y es que tan hondo calan los señalamientos de Amín, que inmediatamente se da una reacción de regidores afines a la alcaldesa, quienes arremeten contra el síndico capitalino.
