La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó los preceptos de la ley para la administración y destino de bienes relacionados con hechos delictivos, referente al tema del exgobernador César D., ya que el Congreso considero que el Estado carece de facultades en materia de extinción de dominio.
En sesión de este jueves, el pleno de la Corte invalidó los artículos 2, 36, 37; 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua.
Esto quiere decir que podría el exgobernador tener la posibilidad de recuperar por vía de un amparo 21 ranchos valuados en más de 500 mdp que Chihuahua le aseguró al exmandatario estatal.
El congreso local reguló cuestiones relativas a la administración y transferencia de bienes, los supuestos de procedencia de la venta anticipada, los mecanismos para la disposición o venta de los bienes que son objeto de la acción, la disposición de las tierras ejidales o comunales, el reconocimiento de la calidad de víctima u ofendido, las cuestiones que debe precisar el juez en las sentencias y resoluciones y la forma en que se cubrirán los gastos generados durante el procedimiento.
El proyecto del ministro Javier Laynez Potisek está basado en el hecho que el congreso de Chihuahua invadió facultades exclusivas de la Federación, pues desde el 14 de marzo de 2019 se promulgó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y el 22 de febrero de 2020 el legislativo estatal sacó su propia ley, la cual versa esencialmente sobre el mismo tema.
En julio de 2020, el consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinosa Cortés, informó que varios bienes asegurados al exgobernador, entre ellos ganado e inmuebles, con valor de más de 500 millones de pesos, serían puestos a subasta.
Se incluyen 21 ranchos con una extensión en conjunto de 2 mil 344 hectáreas, donde había 450 pies de cría importados de Nueva Zelanda, además de especies exóticas como bisontes, llamas y jabalíes.
