Chihuahua, Chih.- El delegado de la Secretaría del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, fue multado con 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por incumplir el fallo emitido por un juez de Distrito, que ordenaba la liberación del pago retroactivo de 950 pesos de enero a marzo para cada uno de los infantes beneficiarios de 30 estancias infantiles, por lo que la multa al funcionario asciende a 253 mil 470 pesos.

De un total de 176 titulares o dueñas de estancia que se ampararon para seguir recibiendo recursos del Gobierno, las primeras 30 ya les fue notificado que seguirán siendo beneficiarios del monto que se entregaba por concepto de apoyos a madres y padres beneficiarios, hasta antes de la entrada de la presente administración federal.

La Unidad de Medida y Actualización (UMA), validado en este año en $84.49, da como resultado el pago de una multa de 8 mil 449 pesos por cada una de los asistentes a quienes se les incumplió el pago, por lo que el delegado hará un desembolso total de 253 mil 470 pesos.

Hasta el cierre de esta nota se desconocía si el funcionario había depositado dicho recurso y fue imposible tener comunicación vía telefónica para corroborar el cumplimiento o no de dicho monto.

Cabe mencionar que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Un juez de Distrito había concedido desde el pasado 27 de marzo la suspensión definitiva luego de que 176 estancias en Chihuahua ganaran amparos para seguir recibiendo los recursos tal y como indican las reglas de operación cuando inició el programa, ello en febrero del 2017.

Sin embargo, fue el pasado 9 de mayo cuando el abogado general notificó a la titular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores, de liberar los recursos a los primeros 30 amparados, bajo apercibimiento que de no cumplirlo habría consecuencias penales.