El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortez, presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante la decisión del ministro Eduardo Medina Mora, en la que no admitió el llamamiento a terceros para que declararan en el caso de “Justicia para Chihuahua” y la “Operación Zafiro”.

“No admitió el llamamiento a terceros, a todos los estados que solicitamos que comparecieran, los tres poderes y lo niega, que no consideraba que no podría afectar, consideramos que hay afectación a otros estados que pueden participar en este caso”, explicó el consejero jurídico del estado de Chihuahua.

Comentó que todas las entidades emitieron contestaciones tanto el Poder Judicial, Ejecutivo y otros ámbitos e incluso los tres poderes del Estado que entregaron la evidencia del caso, donde la Consejería Jurídica inició con el trabajo de la respuesta donde negó la participación de terceros en dicho caso.

Jorge Espinoza comentó que solicitaron al consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, el pasado 8 de diciembre, que se desistiera de la controversia constitucional, presentada por la pasada administración, en la que se protegía a todos los exfuncionarios de la administración de Enrique Peña Nieto.

De igual forma, explicó que el gobernador Javier Corral Jurado ha iniciado con la elaboración de una solicitud para el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que atienda la petición de sobreseer esa causa que no permite que la justicia del Estado se aplique con los principales organizadores de los desvíos del país.

En pasados días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la petición del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de que entidades federativas intervengan como tercer interesado en la controversia constitucional que interpuso el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, para protegerse de cualquier acción legal que ejerza en su contra Corral Jurado.

De igual forma, el pasado mes de octubre, Enrique Peña Nieto solicitó a la Corte una controversia constitucional porque según su percepción, el gobernador Javier Corral Jurado presuntamente está afectando las competencias constitucionales del Ejecutivo federal.

En sus argumentaciones, el gobierno de Chihuahua señala una posible invasión a la esfera competencial del orden federal, consistente en que los funcionarios federales no pueden ser sujetos a procesos penales del orden local por conductas realizadas en el ejercicio de sus competencias y la aplicación de leyes federales.

Por otra parte el consejero jurídico comentó que la administración de Andrés Manuel ha brindado el apoyo oportuno para dar seguimiento a las órdenes de aprehensión del exgobernador César Duarte Jáquez, donde el secretario Marcelo Ebrad ha iniciado el contacto con el Departamento de Estado para acelerar dicho proceso.