El abogado Marco Zavala, integrante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho está emitiendo una invitación a todas las víctimas sobrevivientes y núcleos familiares de extranjeros fallecidos en el incendio de la estancia provisional migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez a la próxima audiencia que se celebrará el próximo 12 de agosto en Ciudad Juárez, donde el Comisionado del INM, Francisco Garduño Yañez solicitará la absolución del proceso penal que está enfrentando 237-2023.
El abogado Zavala, comentó que hace más de un año, el 27 de marzo cuando ocurrió la tragedia donde murieron 40 migrantes y más de 27 resultaron lesionados, además de 15 mujeres que sufrieron daños psicológicos, no han sido escuchados, por lo que en la próxima audiencia buscarán que tengan voz.
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También, el exhorto de hacer presencia en esa audiencia fue para representantes de los consulados que tuvieron ciudadanos afectados por el siniestro; igualmente a la sociedad mexicana sea inmigrante o no estar presente.
“Lo que estamos buscando es que en el específico caso de Ciudad Juárez por graves violaciones a derechos humanos estén debidamente representadas y se escuche la voz de las víctimas”, comentó Marcos Zavala.
El 12 de agosto será la segunda ocasión en la que el comisionado Francisco Garduño busque un mecanismo alterno para buscar una resolución con efectos absolutorios, para no ser juzgado y su proceso se extienda a la acción penal, lo que, por ende, quedaría totalmente absuelto de su responsabilidad por los del incendio del INM, las muertes de las personas y los daños a los sobrevivientes.
“De nuestros representados sobrevivientes y núcleos familiares de los fallecidos, los invitamos a estar presentes, y los que no puedan, que lo hagan de manera vía electrónica por videollamada, siempre y cuando lo autorice el Centro de Justicia Penal Federal, porque algunos están en sus países o en Estados Unidos, pero sí, que participen en el momento de la audiencia y se escuche su voz”, dijo el abogado.
A través de la fundación, Marco Zavala se encuentra actualmente representando a ocho víctimas sobrevivientes, siete núcleos familiares de fallecidos originarios de El Salvador y dos de Honduras.
El abogado indicó que debido a la premura de la primera audiencia, celebrada tres días después del incendio, nunca se invitó a las víctimas a participar y que pudieran aportar algún dato de prueba, modificar sus testimonios para que los verdaderos responsables que estuvieron el día del siniestro sean sancionados, imputados por los delitos correspondientes y que se se respete el derecho de los migrantes y se pueda hacer una reparación de daños integral.
El motivo de que las voces de las víctimas sean escuchadas recae en tres puntos: que el Comisionado en verdad tome en cuenta a las víctimas sobrevivientes que les dé la cara como un ciudadano más que enfrenta un proceso penal, que no se le conceda salir del proceso, que lo enfrente hasta las últimas consecuencias, por algo es el titular de INM.
“Hacemos un llamamiento a la Suprema Corte de la Nación para que atraiga esta solicitud de ejercicio que es las 1260-2024 y verifiquen que efectivamente se respetaron los derechos de todas las víctimas, de los 40 fallecidos y de lo 27 lesionados, que se revise si efectivamente estuvieron representados como se menciona tanto por la Fiscalía General de la República, por la Jueza de Distrito y los jueces de control que han sido consecuentes y omisos de garantizar los derechos de las víctimas, que atraigan el caso a la corte y decidan ellos”, solicitó Zavala.
El otro tema es que se garantice la reparación integral del daño, el respeto a la verdad y la justicia.
Las víctimas, además de recibir su compensación económica, buscan que salga a la luz la verdad de qué estaba pasando dentro de las estancias migratorias provisionales de todo México, donde vivían tratos humanos y degradantes
“Hemos visto videos, se habla de una estancia, pero era una prisión, estaban tirados en el piso, no contaban con las medidas de higiene y salubridad necesaria, no tenían ni acceso al agua ni a la comida, se les quitaban sus pertenencias y se mantenían incomunicados; según la constitución, debían estar 36 horas y había personas que tenías hasta cinco días aprehendidos como delincuentes, cuando eran personas que transitaban por el país y buscan mejorar su calidad de vida”, finalizó el abogado Marco Zavala.
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