El titular de la Cámara Nacional de Comercio, Rogelio Ramos, dijo que todos los migrantes que han sido rescatados en esta frontera no son enviados a sus lugares de origen, lo que hace que vuelvan a las calles convirtiéndolos en “caldo de cultivo para las mafias”.

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El funcionario dijo que los migrantes son llevados al gimnasio Kiki Romero pero a los 5 o 6 días “los sueltan”, sin embargo, agentes policíacos refieren que no los pueden retener en contra de su voluntad ya que ellos son víctimas y no hay delito.

Esta misma versión fue respaldada por Rogelio Pinal, Director de Derechos Humanos del Municipio, quien dijo que si la autoridad llegara a detenerlos por la fuerza, ahí si se estaría incurriendo en un delito, al privarlos de su libertad.

Indicó que al ser rescatados se les da la atención y ayuda necesaria pero si el extranjero o connacional decide irse del albergue, no pueden hacer nada para impedírselo, al recalcar que ellos son “víctimas” de un delito, como lo es el tráfico de personas.

En cuanto ha si los migrantes que regresan a las calles se ven tentados por la delincuencia organizada o se integran a sus filas, aseguró que ellos no han detectado que ocurra esto, aunque si han tenido conocimiento de casos muy aislados.

El funcionario agregó que la mayoría de las veces, los extranjeros que son rescatados, a los dos o tres días son encontrados en otra casa de seguridad y de nueva cuenta tienen que rescatarlos, ya que ellos mismos declaran que ya pagaron una fuerte cantidad de dinero para que los cruzarán a los Estados Unidos y no pueden perder este dinero.

Aseguró que en cada intervención se le da aviso al Instituto Nacional de Migración, quienes son los encargados de canalizar todos estos casos, pero por su parte, solo les brindan protección y resguardo.

Sin embargo, agentes municipales y estatales han señalado una y otra vez que el INM no interviene y ni siquiera se presentan para hacerse cargo de los migrantes dejándoles toda la responsabilidad al Municipio y al Estado.

Insisten en que el INM debe de asegurar y deportar a los extranjeros para que sean enviados a sus países, pero no lo hacen, alegando no contar con personal suficiente o recursos para hacerlo.