Ante el resurgimiento del crimen organizado, desde la industria de la migración, Enrique Valenzuela, titular del Consejo Estatal de Población (COESPO), señaló que es al gobierno federal, a quien le corresponde tomar razón sobre los delitos que se cometen en las diversas fronteras, como lo es el tráfico de personas.
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Sin embargo, mencionó que en este caso, podría ser complicado ejercer acción penal en contra de alguna persona que fuera presunto traficante de personas, ya que muchos migrantes prefieren no señalar por miedo.
“Recordemos que las población en situación de movilidad se entiende de por sí vulnerable, pues existe temor de señalar a aquella personas que se los hubieran traído hasta aquí, a esto se suma otras serie de ilícitos que si son de fuero común como la extorsión y el secuestro”, mencionó.
Comentó que los migrantes son objetos para cometer estos delitos, sobretodo, porque se trata de personas vulnerables, que están lejos de su hogar. Esto los lleva a estar expuestos a explotación, extorsiones, agregaciones y a todo tipo de abusos.
Ante ello, dijo que Coespo les brinda apoyo mediante asesorías y acompañamiento. Sin embargo, recalcó que no es tan fácil que los migrantes presenten las denuncias correspondientes, por lo que difícilmente puede haber un procedimiento legal para sancionar.
Finalmente, dijo que lo que ha permitido contribuir a proveer mejores condiciones para los migrantes, ha sido la atención, acogida y servicios que se ha dado entre las tres órdenes de gobierno, así como también, con la ayuda de las organizaciones civiles que se han sumado.
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