La reciente reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) establece que la designación de jueces y magistrados se realice mediante una elección popular preseleccionada por determinados grupos. Ante esto, el Magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito del Poder Judicial de la Federación, David César Aranda González, señaló que esta modificación podría poner en riesgo la imparcialidad y autonomía del sistema judicial, al permitir que una única corriente política tenga una influencia desproporcionada en las decisiones judiciales.
La preocupación principal radica en que, al centrarse en aspectos meramente políticos en lugar de criterios jurisdiccionales y de justicia, se podría producir una homogeneidad en las decisiones que se tomen en los tres poderes de la unión. Esto podría erosionar la independencia y el equilibrio natural que debe existir entre los poderes del Estado, debilitando la división de poderes y, en consecuencia, el sistema de justicia.
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El Magistrado Aranda González externó que se habla de que, el 94% aproximadamente de los delitos que se cometen no son denunciados, inclusive, ni siquiera llegan a las Fiscalías.
Aparte se tienen datos de que eso pequeño porcentaje de los casos que son denunciados y se presenta ante un Ministerio Público que es el 6%, solamente un 3.6% son llevados a la justicia ante los juzgadores.
Consideró que esta iniciativa de reforma en los términos en la que está propuesta no es lo más adecuado para el debido desarrollo del país, ya que en los pocos lugares donde ha existido la elección de jueces a través del voto popular, no ha tenido efectivamente los resultados que se pretende a través de estos ejercicios.
Agregó que uno de los aspectos fundamentales de la función jurisdiccional es servir también de contrapeso como parte de la división de poderes dentro de un estado democrático y de derecho y que, a través de la elección de jueces, magistrados y de ministros por medio del voto popular se difumina mucho esta línea que debe de existir dentro de los tres poderes.
“Nosotros como parte del Poder Judicial de la Federación estimamos que no hemos sido escuchados para nosotros poder dar nuestros puntos de vista, el poder aportar nuestra experiencia, creo como personas operadoras del sistema de justicia, podríamos tener mucho que aportar a efecto de que existiera una reforma integral en beneficio de todo el país”, sentenció.
El Magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito del PJF señaló que esta reforma únicamente va dirigida a reformar al Poder Judicial de la Federación y con ello en una segunda etapa también a diversas entidades federativas, sin embargo, esta reforma no voltea a ver a otros factores fundamentales que tiene que ver con la procuración y administración de justicia como son las Fiscalías.
“Las Fiscalías en donde prácticamente se queda el 99 por ciento de los asuntos en las policías propiamente dichas, porque no existe ni siquiera una denuncia de ese 94% de los casos en que se comete un delito, pero con posterioridad únicamente el 3.6% de los asuntos que son denunciados llegan a manos de un juzgador”, puntualizó.
