"Los traficantes de personas conocen perfectamente la ley y quedan libres de inmediato por qué los delitos que ellos cometen no están catalogados como graves y tampoco se pueden asegurar los inmuebles que utilizan para resguardar a los migrantes" señalo el penalista Juan Manuel Arellano de la firma legal Lexx Plus.

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"La trata de personas es con fines de explotación sexual y en el caso de los migrantes se trata de tráfico de personas, delito que es muy difícil comprobar y como los polleros saben todos los recovecos de la ley es muy fácil para ellos volver a quedar libres", agregó Juan Manuel Arellano

En las últimas semanas se han incrementado de manera considerable el número de migrantes que son asegurados por las autoridades de migración, mismos que son localizados en casas de seguridad que los " polleros" utilizan para resguardarlos.

Estos inmuebles están ubicados en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en zonas cercanas al río bravo que es por dónde en muchas de las ocasiones se cruza a los migrantes al otro lado, sin embargo hay ocasiones que permanecen en dichos inmuebles hasta tres semanas antes de intentar cruzar, tiempo en el que son tratados de manera inhumana y habitan en condiciones deplorables.

La ley de extinción de dominio contempla que en ciertos delitos los inmuebles que son utilizados para resguardar a las víctimas del delito o que se obtienen con la ganancia de la comisión de un delito son susceptibles de aseguramiento por parte de la autoridad ministerial, sin embargo en el caso del tráfico de personas no es así por qué este delito no está catalogado como grave.

"En 2014 o 2015 se hicieron varias modificaciones a la ley general de población y entre dichas modificaciones se le quitó el carácter de grave al delito de tráfico se personas, delito que contempla bastantes requisitos para poder ser configurado y que en muchos de los casos no se puede acreditar por la autoridad competente, motivo por el cual se tratan de fincar otros delitos como cohecho y resistencia de particulares ya que la misma autoridad sabe que es difícil comprobar el tráfico de personas", agregó el licenciado Arellano quien pertenece al corporativo del licenciado Sifuentes, que es quien dirige Lexx Plus en esta ciudad.

"Los polleros conocen esta circunstancia y también saben que la autoridad no puede asegurar sus inmuebles toda vez que de acuerdo a la ley de población no es delito el resguardar gente en una casa o bodega y más cuando los mismos migrantes declaran ante la autoridad que están por su propia voluntad en dicho lugar ", agregó el litigante.

"La ley de extinción de dominio solo se ha aplicado una vez en nuestro estado ya que es sumamente difícil que la autoridad acredite que los bienes se obtuvieron con la ganancia que generaron los delitos (secuestro, trata de personas, contra la salud y robo de vehículos) y esto de antemano los polleros lo saben y por lo mismo no tienen el mínimo temor a resguardar a los migrantes inclusive en sus propios domicilios", finalizó el entrevistado.