El Frente Político de Participación Ciudadana, interpuso, una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el recorte en el Presupuesto de Egresos 2022 para grupos vulnerables.
La cantidad que se redujo fue de 425 millones de pesos; la justificación del Gobierno ha sido la falta de recurso por el endeudamiento que dejó la pasada administración.
Catalina Castillo, de la Red por la Infancia y perteneciente a esta agrupación, mencionó que tan solo para el grupo de niñas y niños, el presupuesto se redujo a un 50 por ciento. “No puede ser que en este momentos que nos están asesinando a los niños en esta ciudad, llevamos tres niños en estos días, que nos estén reduciendo esto, cuando más problemas tenemos”, expresó.
Asimismo, Martín Javier Camboya, perteneciente a la etnia Apaches y representante de la Comunidad Chihuahua, mencionó que también se les redujo el 50 por ciento a los grupos originarios. “La burocracia no ha disminuido, los sueldos de los funcionarios se mantienen, es ilógico que recortan presupuesto en un rubro pero mantienen el nivel de ellos”, señaló.
Se mencionó que existe una gran problemática en el tema de adicciones en jóvenes, en salud y en el tema de mujeres, sin embargo, tampoco hay recurso para atenderlos. “¿Qué va a pasar con el Estado?”.
María Elena Ramos, del Movimiento de Mujeres en Ciudad Juárez, compartió que en una reunión con mujeres trabajadoras sexuales trans, expresaron la gran problemática para la atención médica. Mencionó que a consecuencia de esto, se han incrementado algunas enfermedades, por ejemplo la sífilis. “El tema de la Sífilis estaba casi erradicado y ha tenido un repunte que preocupa, y estamos hablando de una enfermedad que cuesta menos de 500 pesos curarla”, agregó.
“Los problemas crecen y aumentan y los recursos no llegan a los programas. Salud, niñez, adolescentes, mujeres, son temas muy importantes que no están recibiendo la atención, por eso a las asociaciones civiles nos corresponde exigir que el gobierno cumpla sus compromisos”, expresó.
La queja será revisada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, posterior a ello, si se considera necesario, entrará en investigación para determinar si es o no una violacion a los Derechos Humanos.
