"Con esto del paro de labores del Poder Judicial de la Federación, todos perdemos, litigantes y clientes que ven un retraso considerable en la aplicación de la justicia", señaló el abogado penalista y litigante Alfonso Muela Reyes.
Los empleados del Poder Judicial de la Federación se encuentran en paro de labores en toda la República Mexicana, derivado del intento de suspender varios fideicomisos que afectan las prestaciones laborales de los empleados de dicho poder.
"En este caso estamos hablando de que ya había audiencias programadas y amparos interpuestos en los distintos tribunales de distrito, este paro viene a retrasar de manera notoria la impartición de justicia para los gobernados que están esperando alguna resolución para un asunto suyo que se esté litigando en el fuero federal", señaló Muela Reyes.
De acuerdo a información emitida por el mismo personal que se encuentra en paro a las afueras del poder judicial de esta frontera, son entre 100 y 150 asuntos que se ven diariamente por juzgado en esta ciudad, lo que implica retrasos en cerca de 400 a 600 diligencias por día.
"Sí, definitivamente los términos dejaron de correr, pero cuando se regrese al trabajo se van a tener que desahogar todos los casos, los que ya estaban agendados y los que se atrasaron por el paro, todo se va a retrasar en general", agregó Muela Reyes.
"Estamos de acuerdo que los empleados de PJF sienten que sus derechos laborales están siendo vulnerados, definitivamente sí; sin embargo, al llevarse a cabo el paro, esto redunda en la violación de los derechos del gobernado a una justicia rápida y expedita como lo marca la constitución de nuestro país", indico el litigante fronterizo.
El paro continuará este martes, que es el último día que se tiene contemplado, y se informó que los juzgados regresan a la actividad normal este martes 24 de octubre.
Personal sindicalizado permanece a las afueras de las instalaciones judiciales en espera de levantar el paro y al interior del mismo hay personal de guardia que se habilitó para desahogar los asuntos de suma urgencia que deben de ser analizados por los magistrados penales.
