Ciudad Juárez representa el 45.3 por ciento en carpetas de investigación de todas las extorsiones cometidas en el estado de Chihuahua; el momento más crítico se registró en el 2008 y 2009, cuando cerraron diez mil pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización.
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La tasa de extorsión en esta frontera es considerada muy baja (0.9 extorsiones por cada 100 mil habitantes) en comparación con el promedio nacional (6.1).
En los momentos más críticos, algunos establecimientos fueron quemados ante la negativa de sus dueños a pagar la “cuota”.
Aproximadamente 100 mil personas emigraron a El Paso (Texas), a sus lugares de origen y a otras entidades del país, entre ellas empresarios con sus familias y empresas; algunos decidieron no regresar.
La tasa de victimización por este delito en Ciudad Juárez se estimó en 52.5 por cada mil microempresas (para el periodo entre mayo de 2018 y mayo de 2019), lo cual lo ubica como el tercer delito más frecuente entre los microempresarios de la ciudad.
De acuerdo a dicho estudio, empresarios coincidieron de manera unánime en su profunda insatisfacción hacia el trabajo que realizaba el Gobierno frente al problema de la extorsión y cobro de piso.
Esta insatisfacción se generaliza hacia las autoridades municipales, estatales y la federal, pero ésta última en mucho menor grado
Los empresarios reportaron que desde un inicio buscaron la ayuda de las autoridades municipales y estatales, en especial de las policías y la Fiscalía. En cuanto a la policía municipal, los empresarios destacaron no haber recibido ningún apoyo de su parte
Entre las lecciones aprendidas en términos de aciertos, que enseña la experiencia de los empresarios de Ciudad Juárez es que el problema de la extorsión y el cobro de piso no puede ser enfrentado sin la colaboración cercana y amplia entre empresarios y autoridades.
Que los problemas pueden resolverse de manera más efectiva cuando se aplican varias soluciones contra ellos y a la vez; las tres acciones solicitud de apoyo al Gobierno federal, la creación de la Mesa de Seguridad, (con la que ya se cuenta) y la creación de una nueva e independiente unidad policial especializada antiextorsión.
El delito de extorsión o cobro de piso se desarrolla en cuatro fases: selección de la víctima, contacto con la víctima, amenaza y negociación, y realización del pago.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización 2020, de cada 10 mil empresas 1,821 fueron extorsionadas. Las pérdidas registradas por extorsión ascendieron en 2020 a 6,942 millones de pesos.