El paro de labores del Poder Judicial de la Federación en la frontera ha generado un retraso en más de nueve mil audiencias, según declaró Víctor Reyes Gloria.
Este movimiento, impulsado por la inconformidad de jueces y magistrados ante la reforma aprobada el 11 de septiembre, ha llevado a un grupo de abogados a presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Reyes Gloria subrayó que esta situación constituye una grave violación al derecho al acceso a la justicia para los ciudadanos mexicanos. "El mismo órgano del estado que debe proveer justicia es el que la está negando al suspender su actividad, lo que es lamentable y sin precedentes en nuestro país", afirmó.
La queja presentada ante la CIDH busca sancionar al Estado, por lo que los abogados consideran una omisión crítica. Reyes Gloria insistió en la importancia de asegurar que todos los mexicanos gocen de sus derechos humanos, incluyendo la igualdad y el acceso a la justicia.
Francisco Luis Porras Flores, otro de los abogados involucrados, añadió que miles de personas se han visto perjudicadas por el paro, esperando resoluciones en sus casos.
"Al menos 9 mil audiencias han sido relegadas debido a esta inactividad", explicó, enfatizando la gravedad de la situación.
Porras Flores también aclaró que, aunque no hay un plazo específico para la respuesta de la CIDH, la solicitud se presentó en tiempo y forma.
"Ahora solo queda esperar la respuesta del organismo internacional", comentó.
A pesar de que se prevé que los empleados del Poder Judicial regresen a sus labores el 16 de octubre tras más de un mes de inactividad, Jesús Arturo Gabaldón Juárez, otro de los inconformes, advirtió que la violación al derecho a la justicia es un tema que no se puede pasar por alto.
En el estado de Chihuahua, se han interpuesto varios amparos contra la reforma aprobada, lo que sugiere que la lucha continuará.
Luis Barrios, otro de los abogados involucrados en la queja ante la CIDH, también destacó la necesidad de mantener la presión sobre el Estado para garantizar que se respete el derecho de acceso a la justicia para todos los mexicanos.
El paro de labores, además de afectar a los ciudadanos en sus procesos judiciales, pone en evidencia una crisis en el sistema judicial mexicano, donde el derecho a la justicia se ve comprometido por la falta de actividad de sus principales responsables.
