Chihuahua, Chih.- La Auditoría Superior promueve “revivir” una denuncia penal contra exalcaldes, exdirectores de obras públicas y exsecretarios del ayuntamiento que se involucraron en la ejecución del Plan de Movilidad Urbana, en Ciudad Juárez durante los periodos 2011- 2016, en el cual se encontraron irregularidades o faltantes por 58 millones de pesos.
Dicha audiencia prevista para ayer en los juzgados del Distrito Judicial Bravos (Juárez) se difirió debido a que no se presentó uno de los exfuncionarios señalados; en la misma se iba declarar si la investigación puede ser reabierta una vez que otra juzgadora catalogó como improcedentes las denuncias, en diciembre del año pasado.
La jueza de control Nancy Cristina Reyes Esquivel dio cuenta de que no se encontraba presente en la Sala Jorge Vázquez Guzmán, quien no fue debidamente notificado, por lo que la misma consideró diferir la audiencia al día primero de junio del año en curso a las 12 del mediodía para que tenga verificativo la audiencia.
Héctor Acosta Félix, auditor superior, refirió que más que delitos los funcionarios deberán responder en su defensa ante las irregularidades detectadas, dijo que en el PMU, de Ciudad Juárez, hubo cancelación de obras de último momento, pero que de todas maneras se cobraron.
Esta auditoría fue ordenada por el Congreso y la ASE presentó las denuncias correspondientes en marzo del año pasado una vez se tuvieron los resultados.
El PMU fue un programa de pavimentación masiva y que durante los años subsecuentes estuvo ejecutando obras, durante 2017 el Congreso del Estado envía a la Auditoria una orden para que se investigue dicho fideicomiso.
“Con base en ello, se da la presentación de una denuncias, sin embargo en diciembre del año pasado el Ministerio Publico consideró que no había elementos para que se constituyera algún delito”, expone Acosta Félix, auditor estatal.
Derivado de lo anterior, la Auditoria presentó una impugnación a esa resolución a efectos de que sea un juez el que determine si se debe abrir la investigación y realizar mayores indagaciones.
Acosta Félix dijo que se ha detectado que el proyecto fue más allá de lo autorizado por el Congreso del Estado, pues se hicieron modificaciones a las obras.
Asimismo hubo inconsistencias en la adjudicación del contrato, sobre todo en la forma en la que se formalizó el contrato principal de las obras de pavimentación.
Por el momento, la juzgadora está en el análisis de los casos para emitir un punto de vista y resolver si se abre o no la investigación.
