La comunidad indígena de Coloradas de la Vírgen, quienes se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno, interpusieron una demanda de amparo indirecto contra el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como autoridades estatales quienes no han podido garantizarles la vida, la salud, la vivienda y el derecho a defender sus derechos.
El amparo reclama el cumplimiento de las obligaciones que tienen las autoridades federales, estatales, municipales de implementar correctamente las medidas de protección, para poder garantizar los derechos humanos primordiales como el derecho a la vida y a la integridad personal, pero también derechos como la salud, vivienda digna y el derecho a defender derechos.
Los 34 integrantes de la comunidad del municipio de Guadalupe y Calvo se encuentran en un riesgo extraordinario de perder la vida, ante la indiferencia del Estado y la Federación, por los que el Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres y Alianza Sierra Madre emprendieron la lucha jurídica.
El licenciado Ernesto Palencia, abogado de Alianza Sierra Madre (ASMAC) lamentó que la comunidad indigena tenga que litigar al Estado para que se cumpla con la obligación.
Las personas promoventes son beneficiarias del Mecanismo desde el mes de febrero del año 2014, fecha en que fueron incorporadas por la situación de violencia que se generó en contra de la comunidad y de forma particular contra algunas autoridades tradicionales y representantes comunitarios, entre ellos el defensor Julián Carrillo Martínez quien fue asesinado en octubre de 2018.
En el caso de Julián Carrillo, su familia tuvo que salir de la comunidad para salvaguardar su vida, así mismo otro defensor de la comunidad y su familia también tuvieron que desplazarse por la misma razón, desde entonces permanecen en un refugio de seguridad proporcionado por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La comunidad por año ha denunciado amenazas, hostigamiento y homicidios por parte de los caciques de la región, dado que desde 1934 reclaman al Estado mexicano el reconocimiento ancestral de su territorio. A pesar de que el pasado 15 de marzo de 2023 el Tribunal Agrario reconoció su posesión, ellos siguen sufriendo a causa de la violencia institucional y el desplazamiento.
Los conflictos en la comunidad se intensificaron cuando en 2007 las autoridades federales otorgaron permiso para el aprovechamiento forestal. La lucha de la comunidad para revertir dichos permisos intensificó las amenazas, homicidios y la presencia de grupos criminales.
La situación de riesgo por la que atraviesa la comunidad es crítica, por tal razón desde el 2014 se solicitó la incorporación de los miembros de la comunidad al Mecanismo de Protección, a la fecha son 34 personas las beneficiarias, todas desplazadas en condiciones de hacinamiento, falta de agua potable, luz, seguridad en la vivienda, nula atención psicosocial y sin acceso a la salud.
Se detalló que en agosto de 2022 nuevamente se registraron desplazamientos forzados, esta vez del gobernador de la comunidad y su familia debido a las amenazas y el riesgo por la labor que realizan a favor de los bienes naturales y su territorio ancestral. Ellos no interpusieron denuncia por miedo a represalias por parte de los agresores, por lo que al solicitar ser reconocidas como víctimas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas les negó su incorporación.
A pesar de que se les han practicado 5 evaluaciones de riesgo por parte del Mecanismo de Protección y los resultados coinciden en que el riesgo que presentan es extraordinario, lo que les impide regresar a su comunidad.
Desde hace casi un año, el 29 y 30 noviembre de 2022, el Mecanismo aprobó el plan de protección para el Colectivo de Coloradas de la Vírgen, pero a la fecha todo se ha incumplido, poniendo en riesgo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, vivienda digna y a defender sus derechos.
La inoperancia del Mecanismo los llevó a interponer en el amparo indirecto, las autoridades federales involucrados son la Secretaría de Gobernación porque el dado Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos depende de ella; al coordinador nacional del Mecanismo de Protección, Semarnat, Profepa y FGR.
En cuanto a las autoridades estatales está el secretario general de Gobierno, quien incluso firmó una minuta donde se comprometió a implementar las acciones para cumplir con el plan, entre ellas vivienda digna; la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Fiscalía General del Estado, Agencia Estatal de Investigaciones de la Zona Sur, Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya que al solicitar su incorporación les fue negado el derecho.
Ante la sistemática violación a sus derechos humanos por la inacción del Estado para que en su lugar de acogida puedan vivir en condiciones de dignidad y no revictimización es que se promovió la demanda de amparo.
Publicado originalmente por El Heraldo de Chihuahua