Un jurado federal en Texas condenó a dos miembros del grupo criminal Barrio Azteca, por el homicidio de una empleada del Consulado de los Estados Unidos, su esposo y el esposo de otra empleada, en hechos ocurridos el pasado 13 de marzo del 2010.
En un comunicado emitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se destacó que José Guadalupe Díaz Díaz, alías "El Zorro" de 43 años de edad originario de Chihuahua y Martín Pérez Marrufo, alías "El Popeye" de 54 años, originario también de Chihuahua, fueron declarados culpables en un juicio con jurado ante la jueza federal de distrito Kathleen Cardone, en el oeste de Texas, división El Paso.
El jurado encontró a Díaz y Marrufo culpables de cargos de conspiración por crimen organizado, tráfico de narcóticos, importación de narcóticos, lavado de dinero y asesinato en un país extranjero; tres cargos de asesinato en ayuda del crimen organizado y tres cargos de asesinato resultantes del uso y porte de un arma de fuego durante y en relación con delitos de violencia y tráfico de drogas.
Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que el 13 de marzo de 2010, los ahora culpables sirvieron como sicarios en el equipo de personas que asesinaron a la empleada del Consulado, Leslie Enríquez, su esposo, Arthur Redelfs, y Jorge Salcido Ceniceros, esposo de otra empleada.
Las víctimas fueron atacadas por los equipos de ataque después de partir de la fiesta de cumpleaños de un niño en Juárez porque inicialmente los confundieron con pandilleros rivales. El jurado determinó que Díaz disparó y mató a Enríquez y Redelfs, mientras que Marrufo disparó y mató a Ceniceros.
La sentencia está programada para el 9 de mayo. Díaz y Maruffo enfrentan una sentencia mínima obligatoria de cadena perpetua.
Díaz fue extraditado de México el 13 de noviembre de 2019 y Maruffo fue extraditado de México el 18 de enero de 2020. Las extradiciones fueron el resultado de una estrecha coordinación entre las autoridades policiales estadounidenses y mexicanas, quienes también cooperaron en la investigación y enjuiciamiento de este caso.
“Los asesinatos de Leslie Enríquez, Arthur Redelfs y Jorge Salcido Ceniceros son una tragedia”, dijo el Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia en el boletín.
A su vez, agregó que estas condenas demuestran el compromiso del Departamento de combatir las organizaciones criminales transnacionales violentas.
“Aunque han pasado 12 años desde estos asesinatos sin sentido, nuestra oficina solo ha fortalecido su determinación de buscar justicia para las víctimas de la violencia de los cárteles”, dijo la Fiscal Federal Ashley C. Hoff para el Distrito Oeste de Texas.
También en el comunicado se detalla la declaración del subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, Luis Quesada, mismo declaró "estas condenas representan el compromiso del FBI de tomar medidas agresivas contra cualquiera que quite la vida de ciudadanos estadounidenses inocentes, incluso los criminales más despiadados, ya sea aquí o lejos, no pueden evadir la justicia, y continuaremos responsabilizando a aquellos que cometen actos brutales de violencia”.
En el juicio, los fiscales presentaron pruebas de que el grupo delictivo "Barrio Azteca" es una organización criminal transnacional dedicada al lavado de dinero, el crimen organizado y actividades relacionadas con las drogas en El Paso, Texas.
La pandilla se alió con otras bandas de narcotraficantes para luchar contra el Cartel de Sinaloa, en ese momento encabezado por el Chapo Guzmán, y sus aliados por el control de las rutas del narcotráfico a través de Juárez, Chihuahua, México.
Las rutas de la droga a través de Juárez, conocidas como la Plaza Juárez, son importantes para las organizaciones narcotraficantes porque es una ruta principal de tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos.
Un total de 35 acusados fueron procesados en la tercera acusación formal y se alega que cometieron varios actos delictivos, incluidos los asesinatos del Consulado de Juárez en 2010 en Juárez, México, así como extorsión, distribución e importación de narcóticos, represalias contra personas que brindan información a aplicación de la ley, extorsión, lavado de dinero, asesinato y obstrucción de la justicia.
De los 35 acusados, todos han sido detenidos y 28 se han declarado culpables. Uno fue condenado por juicio, uno se suicidó antes de que concluyera su juicio y tres están en espera de extradición desde México.
El boletín informativo del Departamento de Justicia destaca que están a cargo de la acusación en el caso el abogado litigante Jay Bauer de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Criminal, la abogada litigante Christina Taylor de la Sección de Crimen Organizado y Pandillas de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Steven Spitzer del Distrito Oeste de Texas. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nuevo México y las Oficinas de Asuntos Internacionales y Operaciones de Cumplimiento de la División Criminal brindaron una asistencia significativa en este caso.