Ciudad Juárez, Chihuahua.- Unos 40 integrantes del Ejido San Agustín esperan que pronto se dé una solución definitiva al fraude que sufrieron hace años, por medio del cual los despojaron de sus derechos y les robaron millones de dólares correspondientes al valor de sus parcelas.
Con el pretexto de que en dicho ejido se establecería tanto uno de los polos de desarrollo más grandes del municipio de Juárez, denominado San Agustín Valdivia, así como el Libramiento Oriente para conectar la carretera Panamericana con el puente Tornillo-Guadalupe, los engañaron en algunos casos para despojarlos de lo que legítimamente les correspondía.
En otros casos simplemente se falsificaron actas que nunca se celebraron, con acuerdos y firmas apócrifas.
Representantes legales de decenas de dichos ejidatarios explicaron que el gran fraude pudo ocurrir gracias a la ambición en su momento de los propios representantes del Ejido San Agustín (Héctor Hernández y Lorenzo Flores), así como de personas del Registro Agrario Nacional (RAN) que facilitaron la eliminación de una de las actas originales y registraron los documentos fraudulentos.
Alonso Corral Solís, abogado de quienes se ostentan como víctimas, explicó que el 25 de octubre del 2009 se celebraron dos asambleas válidas, las cuales se registraron debidamente el 4 de octubre del 2010 en el RAN, sin embargo el problema sobrevino el año siguiente, cuando dicha dependencia nacional registró otras actas con fechas de 22 de agosto de 2011 y 25 de septiembre de 2011, pero fueron falsas, porque nunca se realizaron.
Inicialmente el ejido se repartió en 207 parcelas delimitadas, de las cuales se asignaron 184, dijo.
Afirmó que en las posteriores ‘dizque asambleas’, el listado de nombres de titulares de las parcelas fue modificado y aparecieron reiteradamente los nombres de Eduardo Almeida Navarro y Lorenzo Flores, a quienes se les pagaría por parte de las autoridades, para que se pudieran realizar las obras de infraestructura y el desarrollo de San Agustín Valdivia, ambos frenados debido a los pleitos legales que se han suscitado desde entonces.
Los litigantes contactaron a una de las personas que aparecían en esas falsas actas, de nombre Jacob Regalado Chávez, con residencia en Tijuana, Baja california, quien no estaba enterado de que fuera supuesto dueño de parcelas acá en Juárez, concretamente de 87 hectáreas.
“Significa que consiguieron una copia de su credencial de elector y utilizaron su información para concretar el fraude”, anotó.
Oscar Luis Acosta García, otro de los abogados de los 40 ejidatarios, mencionó que en su mayoría, los afectados son adultos mayores de entre 70 y 80 años de edad, de cuyo total son como 60 por ciento mujeres viudas. En casi todos los casos, son personas con bajo nivel de escolaridad que difícilmente comprende cómo fue que los defraudaron.
Agregó que a partir de enero de 2018, se comenzaron a interponer las denuncias correspondiste en la Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República (antes PGR), así como en los Tribunales agrarios, donde se solicitan juicios de nulidad.
Piden pues que la nulidad de las actas falsas y resarcir a los ejidatarios el pago legítimo por sus tierras, señaló.
En el caso de la construcción del Libramiento Oriente, el director de Obras Públicas de la actual administración de Gobierno del estado, Gustavo Elizondo, mencionó que está detenida, porque no está liberado el derecho de vía del equivalente a una quinta parte de los 31.18 kilómetros que comprende la carretera referida.
Elizondo Aguilar agregó semanas atrás a El Mexicano, que por parte del Gobierno del Estado, hay interpuestas denuncias contra actores involucrados, uno de ellos un intermediario del ex gobernador César Duarte, así como en contra de quienes se ostentaron como representantes del Ejido San Agustín y aparentemente no lo eran, a quienes se les hicieron pagos que llegaron a los casi 100 millones de pesos.
“Se fincó ya una denuncia penal en contra de quien fue el responsable de llevar a cabo la adquisición de los derechos de vía (Eduardo Almeida), por donde estaba proyectada la construcción del Libramiento y se acreditaron a quienes no eran legítimos propietarios tanto particulares como miembros del Ejido, de tal suerte en que esto ha traído como consecuencia no solamente las denuncias penales que como Gobierno del Estado hemos interpuesto, contra los presuntos responsables por el daño y exigiendo la reparación al mismo Gobierno del Estado, sino problemas entre los mismos ejidatarios”, anotó.
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