Ciudad Juárez, Chihuahua.- Ley para servidores públicos podría aplicarse a diversos funcionarios, incluyendo al presidente municipal, por violaciones sistemáticas a la ley de amparo y por falsedad de declaraciones al juez IV de Distrito, relacionadas con la denuncia por incumplir pago de liquidaciones a más de 80 empleados despedidos y que originalmente iniciaron este proceso legal contra el Ayuntamiento de Ahumada.
Abogados de los ex empleados y otro expertos en leyes muy cercanos al diputado local Misael Máynez, integrante de la comisión de Fiscalización y Presupuesto del Congreso Chihuahuense, manifestaron que el gobierno de Juan de Dios Valle Camacho, (que ni por equivocación da la cara) está ¨chicaneando¨ el proceso de la demanda interpuesta en noviembre del 2018 por más de 80 empleados, representados por los abogados Patricia Castañeda y Esteban Hernández, quienes han sido burlados al igual que el juez IV de Distrito, Luis Gabriel Pacheco Reveles, al impartidor de justicia le han contestado con mentiras varios citatorios d presentación y aspectos relacionados con la habilitación de la Junta Local de Arbitraje.
Uno de estos documentos contestando por el municipio, fechado el 20 de mayo, donde aparece una firma, pero no el nombre, establece que desde el24 de octubre del 2018 se nombraron los integrantes de la Junta Local de Arbitraje, lo cual es falso, porque en noviembre del mismo año, cuando se les notificó sobre la primera audiencia ante el juez, el Ayuntamiento e Ahumada, ignoró el llamado, manifestando que existía la oficina, no estaba habilitada, es decir, no habían representantes (presidenta [te]), al respecto, regidores aseguran que durante la sesión del 2018,nunca se abordó lo dela habilitación designación de representantes de la Junta de Arbitraje, los ediles indicaron que el tema fue abordado durante este mismo año, esto implica desacato a la autoridad (juez) federal y falsedad e declaraciones.
Asimismo, en el documento se señala que la presidenta es Mariana Núñez Burgueño, Oficial Mayor, desde el inicio de la administración y al ex abogado del municipio, Sandino Ponce de León, como representante de la empresa (Ayuntamiento), quien ante la cerrazón del alcalde y otros funcionarios para hacer las cosas conforme a ley, -se dice- prefirió dimitir en diciembre del 2018.
Ante tanta irregularidad, mostrada y demostrada por los abogados y ante la presencia del diputado Local Misael Máynez y colaboradores, la recomendación del legislador para el gobierno es, pagar a los ex burócrata conforme a la percepciones totales, no de acuerdo al salario, porque se descubrió otra violación a la Ley, El gobierno antecesor de Marcelo López, tenía doble nómina, -lo reconoció la Oficial Mayor actual- un registro salarial ante el IMSS y la real, lo que cobraba cada empleado; no s pueden calcular liquidaciones en base a registros del IMSS.