A raíz de la puesta en marcha de las revisiones en planteles educativos por parte de oficiales policiacos en los denominados “operativos mochila”, el Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Cuauhtémoc, Eddie Fernández Mancinas, reconoció la necesidad de llevar a cabo medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes, sin embargo, aseveró que todo tipo de acciones se deben ejercer sin dañar la dignidad de los menores de edad.
Explicó que, en este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a favor de una estandarización respecto al método de cómo se lleva a cabo la revisión a la propiedad privada de los niños y adolescentes para no vulnerar sus derechos a la intimidad y con ello maltratar su dignidad.
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Lo anterior, dijo, Fernández Mancinas, sería la única limitante para retomar el desarrollo de los operativos mochila, insistiendo en que a pesar de que los padres de familia autoricen la revisión a la propiedad de sus hijos, estos tienen derecho a la intimidad, lo que debe llevar a su análisis y no violar sus garantías individuales.
Indicó que en la actualidad existen diversos factores que motivan el acoso escolar, por lo que, al efectuar la revisión en la propiedad de los alumnos, pudieran existir casos de bullying por el mismo desarrollo del operativo en el que participan oficiales caninos.
“El menor tiene derecho a su intimidad, aun y cuando el padre otorgue su consentimiento, pudiera existir el caso de traer un tipo de dulce en su mochila u otro tipo de alimento, y se lleva a un elemento canino, pues obviamente este va a poner atención a esa mochila, entonces se pudiera generar un tipo de burla en torno a ese menor por parte de los compañeros”, explicó el Visitador.
Asimismo, dijo que existen limitantes en cuanto a la edad para efectuar la revisión en las mochilas de los infantes que pudiera agredir su moral, señalando que antes que nada los padres de familia deben contribuir desde el hogar para evitar que menores caigan en los problemas de las adicciones.
Luego de trascender la localización de estupefacientes, así como vapeadores en instituciones educativas, principalmente del nivel secundaria, Eddie Fernández dijo que cada plantel cuenta con su acuerdo de convivencia con el cual se establecen las facultades para actuar en caso de hallazgos de perjuicio para los alumnos, y aplicar las sanciones correspondientes sin afectar los derechos humanos de los menores.
Finalmente, dijo que es prioritario que autoridades y padres de familia vayan de la mano en la responsabilidad que deben asumir para evitar riesgos en el sector juvenil, tomando siempre en cuenta las acciones de prevención para evitar que los correctivos disciplinarios afecte los derechos de los menores.