En los últimos años, el municipio de Cuauhtémoc ha registrado un aumento considerable en los índices de violencia de género, que afecta a diversos sectores de la sociedad al existir casos de agresión hacia mujeres tanto en los hogares como en las áreas de trabajo, en las que se incluye instancias gubernamentales, hechos en los que en el presente año se han registrado por lo menos cuatro casos de agresión tanto física como verbal, en la que se involucra a funcionarios de los tres niveles de gobierno.
Sin embargo, a pesar de las denuncias asentadas en la Fiscalía Especializada de la Mujer, las presuntas víctimas han señalado que existe impunidad por parte de la citada dependencia, al minimizar los casos de violencia de género, lo que ha motivado que las quejosas retiren sus querellas por temor a represalias.
Entre los casos que destacan desde principio del presente año, está la denuncia en contra del Subdelegado de Bienestar en la región de Cuauhtémoc, Oscar Leos Mayagoitia, quien fue señalado de agredir físicamente a su pareja sentimental, querella que no prosperó debido a que la supuesta afectada retiró la denuncia, tras afirmarse por parte de personas allegadas, que fue amedrentada por el funcionario federal, quien a su vez al parecer fue notificado por personal de la FEM sobre la denuncia en su contra.
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Semanas después de este hecho trascendió la agresión física y verbal por parte del entonces Recaudador de Rentas interino, José Alfredo Pacheco Erives, en contra de su pareja sentimental, el cual a diferencia de Oscar Leos aún permanece el proceso abierto, lo que motivó que el imputado dejará la función pública.
Otro caso que llamó la atención de la sociedad cuauhtemense, es la demanda en contra del Director Administrativo de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, Alejandro Pañeda Segura, por el supuesto delito de acoso sexual en perjuicio de una empleada de la corporación preventiva, expediente que fue turnado a la FEM de la zona centro y que se mantiene sin resolución alguna, mientras que el funcionario se encuentra en suspensión de sus actividades.
Recientemente surgió un nuevo hecho de violencia de género en una dependencia gubernamental, ahora en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, en la que se denunció el delito de violencia de género en su modalidad de hostigamiento laboral, así como violencia política, señalando como probable responsable del hecho al director técnico de la JMAS, Arnoldo Luna, quien además es señalado de actos de corrupción al recibir determinadas cantidades de dinero por concepto del pago de horas extras a empleados, que a su vez pagan la “cuota” a su jefe inmediato.
Además, se involucra en el hostigamiento laboral y de violencia política al director ejecutivo de la Junta de Agua, Miguel López Granados, quien es calificado de omiso ante las quejas que los empleados le han interpuesto por las agresiones verbales por parte del director técnico, incluso, los quejosos afirman que López Granados incita a que las parte inconformes “arreglen como quieran sus diferencias”.
Si bien este último caso se registró hace cerca de tres semanas, llama la atención que las quejas que se hicieron públicas en su momento no prosperaron debido a que medios de comunicación que tuvieron acceso a la información decidieron desaparecer las denuncias recibidas, al parecer por compromisos con directivos de la JMAS.
Además de evidenciar la impunidad por parte de la FEM, personas involucradas en los casos señalaron que colectivos feministas como lo es Mayé, actúan de manera inequitativa y con tintes políticos, esto al exigir solamente en el caso de Alejandro Pañeda su separación del cargo al calificar de incongruente que la autoridad tenga a un funcionario que afecta a las mujeres, mientras que en el resto de los casos en los que se involucra a funcionarios públicos no intervienen en ningún momento, pese a estar en las mismas condiciones de vulnerabilidad en las que están las empleadas de Seguridad Pública.
