El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) resolverá mañana jueves el juicio E0004/2021-2JRA, en el cual la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó que un exfuncionario de la Secretaría de Hacienda autorizó un doble pago por casi 36 millones de pesos dentro del periodo comprendido de 2016 a 2017 para la adquisición de un software que sería utilizado en el sistema estatal de Recaudación de Rentas, el cual nunca funcionó.
De acuerdo con la observación 026 del Informe Técnico de Resultados de la Cuenta Pública de 2018, la Auditoría Superior del Estado expuso que el gobierno del estado, entonces a cargo del gobernador Javier Corral Jurado, adquirió en 2016 un software llamado “Sistema Recaudador Estatal” por parte del proveedor, identificado como Tecnología de Gestión y Comunicación SA de CV por la cantidad de 18 millones 176 mil 68 pesos, con el objetivo de actualizar el sistema recaudador en la entidad.
Tras implementar ese programa no funcionó y en las oficinas de Recaudación del estado dejaron de usar el nuevo software y el gobierno del estado solicitó a la empresa subsanar las fallas y para hacerlo, la empresa solicitó un nuevo pago por la cantidad de 17 millones 880 mil 268 pesos para resolver las “brechas” que existían entre el programa anterior y el nuevo, el cual fue entregado bajo el número de contrato DGI-UEA-4781/2016 con la promesa de que éste funcionaría al 100% de acuerdo con el contrato, pero esto no sucedió y sólo se logró tener un funcionamiento menor al 10%, según las auditorías practicadas.
De hecho, se notificó de los problemas en la aplicación del software a José Alfredo L., exdirector de Sistemas del gobierno estatal, quien aseguró que la compañía había instalado correctamente el servicio y funcionaba a cabalidad.
Y es que ante la falta de funcionalidad, la ASE consideró que la Secretaría de Hacienda realizó un pago duplicado en la adquisición de un sistema informático que pretendía modernizar el obsoleto sistema de recaudación utilizado por la Secretaría de Hacienda y en cambio, el programa no funcionó y se tuvo que seguir usando el antiguo.
Por este motivo, la ASE generó una denuncia formal para que se sancionara a los responsables de haber pagado dos veces por un servicio que no funcionó, lo cual recayó en la responsabilidad de José Alfredo L., exdirector de Sistemas de la Secretaría de Hacienda.
A partir de ello, se emitieron las observaciones a la cuenta pública de la administración estatal en 2019, las cuales fueron aprobadas por el Congreso del Estado y canalizadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que finalmente programó este caso en la orden del día en la sesión del próximo jueves para emitir una resolución sobre estos hechos, en los cuales el exfuncionario podrá ser inhabilitado de la función pública y obligado a cubrir una sanción económica.
Del doble pago…
El origen del informe de la ASE se enfoca en lo que se ha considerado un doble pago por un monto total de casi 36 millones de pesos, entre el primer contrato de octubre de 2016 cuando la Secretaría de Hacienda de la administración de Javier Corral realizó la adquisición e implementación de un nuevo sistema electrónico destinado a manejar los ingresos a cargo de las recaudaciones de rentas y otras oficinas recaudadoras del gobierno del estado.
La empresa ganadora de la licitación, identificada como SH/LPE/034/2017, resultó ser la empresa Tecnologías de Gestión y Comunicación SA de CV (TGC), en lo relativo a la partida que incluía el desarrollo e implementación del nuevo sistema recaudador. Sin embargo, en abril de 2018, en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda se empezaron a recibir quejas de que el sistema no funcionaba, dándose cuenta de que efectivamente sólo estaba operando la caja de cobro, pero los procesos de cálculo de las contribuciones y demás conceptos a cobrar se tenían que hacer con el sistema viejo, conocido como Sistema Ingreso Padrones.
La Auditoría, según estableció en su informe, detectó que no solamente el sistema adquirido no estaba funcionando en los términos contratados, sino que en la práctica las operaciones de Recaudación de Rentas seguían operando con el sistema original, pese a haber realizado una inversión cercana a los 36 millones de pesos.
En 2019, la ASE inició la revisión de la cuenta pública 2018, donde asentó las fallas y que adicionalmente, mediante adjudicación directa a la misma empresa TGC, se le otorgó un segundo contrato para resolver las “brechas” entre el viejo y nuevo sistema, lo que en realidad se tradujo en volver a pagar a la compañía por algo que ya había sido contratado y pagado en 2016, es decir, el funcionamiento a satisfacción del sistema recaudador.
La ASE en su proceso de revisión efectuó diversas entrevistas con usuarios del sistema recaudador para que fueran los propios operadores quienes opinaran respecto del funcionamiento y la revisión arrojó que subsistían los problemas, de modo que el pago efectuado en 2016 por 18.1 millones de pesos y de nuevo en 2017 por otros 17.6 millones de pesos sólo avanzó a una funcionalidad menor al 10%, según advierte el informe.
La revisión fue llevada bajo el sistema de la anterior Ley de Fiscalización que requería de la anuencia del Congreso del Estado, que autorizó la presentación de la denuncia respectiva para que la ASE la tramitara.
Por ello, la Auditoría Superior interpuso la denuncia administrativa en enero de 2021 en contra del entonces director de Sistemas de la Secretaría de Hacienda, José Alfredo L., pues fue quien asentó de que había sido recibido a entera satisfacción el servicio, según un documento firmado en junio de 2018, de acuerdo con las actas de recepción firmadas entre Hacienda (representada por el director de Sistemas) y el proveedor.
Lo anterior a pesar de que el propio extitular de la Subsecretaría de Ingresos había denunciado ante la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda que el sistema a dos años de su contratación no funcionaba y se pretendía exigir al proveedor que respondiera conforme al contrato, se le aplicaran las penas convencionales, se hicieran efectivas las garantías y se tomaran las acciones legales correspondientes.
La Dirección Jurídica llevó a cabo el procedimiento en contra del proveedor, pero en la resolución no hubo acción legal debido a que el director de Sistemas indebidamente firmó la recepción del sistema a entera satisfacción.
Las anteriores situaciones denotaron la posible comisión de faltas administrativas y conductas tipificadas como irregulares por parte de servidores públicos y particulares, por lo que el caso se turnó a la ASE para realizar las diligencias correspondientes.
