Los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) emitieron una posicionamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que se elimine la prisión preventiva oficiosa en el país, como se había dado a conocer desde hace semanas atrás, argumentando el riesgo de la seguridad nacional.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como 30 gobernadores más, se unieron a esta petición que fue entregada al buzón judicial para que sea analizado por la Suprema Corte como calidad de "amicus curiae" , que es una figura de colaboración para la corte.
"Preocupados por los efectos adversos que surgirán en perjuicio de la seguridad pública y la justicia mexicana, con respeto absoluto a la división de poderes, nos permitimos formular un respetuoso pronunciamiento en calidad de Amicus Curiae respecto de la resolución que deberá emitir el máximo tribunal constitucional de nuestro país sobre la prisión preventiva oficiosa" , es parte del escrito compartido por los gobernadores.
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En el pronunciamiento que elaboraron los gobernadores integrantes de la Conago advierten que es necesario mantener la Supremacía Constitucional respecto de cualquier norma de carácter internacional que pueda afectar nuestro derecho interno, con el fin no sólo de impedir la vulneración de nuestra Carta Magna, sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto.
"No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa" , señala el documento.
Lo anterior, tras una resolución que emitió el Poder Judicial de la Federación que ha establecido que con una sola demanda de amparo, se podrá suspender cualquier orden de aprehensión que exista en contra del presunto responsable, sin importar la gravedad del delito.
El pasado 16 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en respuesta a la reciente resolución del Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo del Poder Judicial de la Federación en la Región Centro-Norte del país y rechazó esta nueva resolución.
Dicha resolución establece que una simple demanda de amparo puede resultar en la suspensión del cumplimiento de una orden judicial de aprehensión por delitos graves, como los sexuales, los cometidos contra menores, el feminicidio, el homicidio, la violación, el secuestro, la delincuencia organizada, entre otros.
Esta jurisprudencia afectará a diversos estados de la República Mexicana, incluyendo Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Por otra parte, en el desplegado, los gobernadores advierten que es importante manifestar que la restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social, que en su momento, fueron considerados como graves, y en los que el Ministerio Público sólo puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia a juicio del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso; por lo tanto, solo en esas condiciones precisas, el juez ordenaría la prisión preventiva de forma oficiosa.
"La figura de la prisión preventiva oficiosa responde, pues, a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito" , continúan.
Por ello, hicieron un llamado respetuoso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello, en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos son responsables y tienen por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad pública de los gobernados.
"Conscientes de la importancia que reviste la observancia del máximo ordenamiento jurídico, nos pronunciamos en calidad de Amicus Curiae, con absoluto respeto a la figura que representa la SCJN, a efecto de que se considere también el principio de supremacía constitucional, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, puesto que son ellas quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales", continúa el escrito.
El documento fue entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue dirigido a Norma Lucía Piña Hernández, Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Publicado originalmente El Heraldo de Chihuahua
