/ jueves 2 de junio de 2022

Pena de hasta 70 años a extorsionadores es desproporcional: SCJN

Al resolver sobre un amparo, abre la puerta a cinco casos más y finca jurisprudencia para reformar el Código Penal

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la pena de 30 a 70 años de prisión, prevista en el Código Penal del Estado de Chihuahua para castigar el delito de extorsión agravada, es inconstitucional, tras considerarse como desproporcional.

Lo anterior luego de que un sentenciado interpusiera un juicio amparo, lo que derivó en la revisión por parte de la Corte, quien estimó que si bien el legislador del estado de Chihuahua, mediante una reforma al Código Penal local, estableció la pena de treinta a setenta años de prisión para sancionar el delito de extorsión, con la intención de disminuir este tipo de delitos de gran impacto en todos los sectores sociales y económicos que se suscitaron de 2008 a 2014, ello no es razón suficiente para llegar al extremo.

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De esta manera, la Primera Sala determinó revocar la sentencia impugnada y devolver el asunto al Tribunal Colegiado del conocimiento para que dicte una nueva sentencia en la que tome en cuenta lo expuesto, en el entendido que la inconstitucionalidad de la pena impugnada no conlleva a que se deje de sancionar el delito de extorsión agravada, pues se tendrá que atender a la punibilidad prevista para el delito de extorsión simple en el Código Penal analizado.

Ante esta decisión de la Corte, los 66 sentenciados en el estado de Chihuahua por este delito podrían interponer juicios de amparo tomando en cuenta este precedente, que al acumular cinco resoluciones en el mismo sentido de igual número de amparos, generaría jurisprudencia, y en consecuencia que el Congreso del Estado modifique el Código Penal para el Estado de Chihuahua.

De 2008 a 2014 el delito de extorsión en Chihuahua fue de alto impacto, lo que obligó al Congreso local aumentar dichas penas, pues derivado de este delito aumentaron los homicidios, cobro de cuotas a negocios, entre otras conductas delictivas y una vez aumentada la pena empezó a disminuir, al grado de presentarse una o dos extorsiones por año, según registros de la Fiscalía del Estado.

La titular del Congreso del Estado y presidente de la Comisión de Justicia, Georgina Bujanda Ríos, expresó que es riesgoso el hecho de que se considere por parte de la Corte como inconstitucional el artículo 203 bis del Código Penal de Chihuahua, en el que se establece de 30 a 70 años de prisión para quien cometa delito de extorsión.

Detalló la legisladora de la bancada del Partido Acción Nacional que fueron penas que se aumentaron hace 10 años, debido a la alta incidencia de extorsión en Chihuahua, lo que representó un factor importante para que éstos se redujeran. Indicó Bujanda Ríos que son respetuosos de la decisión de la SCJN.

En este sentido, el diputado también integrante de la Comisión de Justicia en el legislativo estatal, Óscar Castrejón Rivas, expresó estar de acuerdo con que se declare inconstitucional, ya que a su consideración la pena actual va en contra de los tratados internacionales, por tratarse de una sanción extrema. Indicó que las penas deben de estar enfocadas de manera en que el ciudadano tenga la posibilidad de reintegrarse a la sociedad, sin embargo con estas penas es prácticamente imposible.

Cabe mencionar que alcaldes de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral coincidieron en que no debe de disminuirse las penas, pues el incremento de la pena ha dejado como resultado una baja en los índices de este delito. “Es una mala decisión disminuir esta pena punitiva, y nosotros nunca vamos a estar a favor de ventajas o facilidades que promuevan la impunidad en este país, los delitos se deben castigar con todo el peso de la ley”, expresó el edil Marco Bonilla

Por su parte, el fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, dijo que se deben analizar a profundidad los resultados y en este como otros delitos se deben ser severos para evitar la reincidencia criminal.

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El también especialista en esta materia y quien cuenta con varios años laborando en temas penales en la Fiscalía, recordó el panorama que generó la extorsión en Chihuahua y que a raíz de la implementación de esa sanción los delitos se fueron reduciendo hasta casi terminar con el mismo, dentro del estado.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la pena de 30 a 70 años de prisión, prevista en el Código Penal del Estado de Chihuahua para castigar el delito de extorsión agravada, es inconstitucional, tras considerarse como desproporcional.

Lo anterior luego de que un sentenciado interpusiera un juicio amparo, lo que derivó en la revisión por parte de la Corte, quien estimó que si bien el legislador del estado de Chihuahua, mediante una reforma al Código Penal local, estableció la pena de treinta a setenta años de prisión para sancionar el delito de extorsión, con la intención de disminuir este tipo de delitos de gran impacto en todos los sectores sociales y económicos que se suscitaron de 2008 a 2014, ello no es razón suficiente para llegar al extremo.

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De esta manera, la Primera Sala determinó revocar la sentencia impugnada y devolver el asunto al Tribunal Colegiado del conocimiento para que dicte una nueva sentencia en la que tome en cuenta lo expuesto, en el entendido que la inconstitucionalidad de la pena impugnada no conlleva a que se deje de sancionar el delito de extorsión agravada, pues se tendrá que atender a la punibilidad prevista para el delito de extorsión simple en el Código Penal analizado.

Ante esta decisión de la Corte, los 66 sentenciados en el estado de Chihuahua por este delito podrían interponer juicios de amparo tomando en cuenta este precedente, que al acumular cinco resoluciones en el mismo sentido de igual número de amparos, generaría jurisprudencia, y en consecuencia que el Congreso del Estado modifique el Código Penal para el Estado de Chihuahua.

De 2008 a 2014 el delito de extorsión en Chihuahua fue de alto impacto, lo que obligó al Congreso local aumentar dichas penas, pues derivado de este delito aumentaron los homicidios, cobro de cuotas a negocios, entre otras conductas delictivas y una vez aumentada la pena empezó a disminuir, al grado de presentarse una o dos extorsiones por año, según registros de la Fiscalía del Estado.

La titular del Congreso del Estado y presidente de la Comisión de Justicia, Georgina Bujanda Ríos, expresó que es riesgoso el hecho de que se considere por parte de la Corte como inconstitucional el artículo 203 bis del Código Penal de Chihuahua, en el que se establece de 30 a 70 años de prisión para quien cometa delito de extorsión.

Detalló la legisladora de la bancada del Partido Acción Nacional que fueron penas que se aumentaron hace 10 años, debido a la alta incidencia de extorsión en Chihuahua, lo que representó un factor importante para que éstos se redujeran. Indicó Bujanda Ríos que son respetuosos de la decisión de la SCJN.

En este sentido, el diputado también integrante de la Comisión de Justicia en el legislativo estatal, Óscar Castrejón Rivas, expresó estar de acuerdo con que se declare inconstitucional, ya que a su consideración la pena actual va en contra de los tratados internacionales, por tratarse de una sanción extrema. Indicó que las penas deben de estar enfocadas de manera en que el ciudadano tenga la posibilidad de reintegrarse a la sociedad, sin embargo con estas penas es prácticamente imposible.

Cabe mencionar que alcaldes de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral coincidieron en que no debe de disminuirse las penas, pues el incremento de la pena ha dejado como resultado una baja en los índices de este delito. “Es una mala decisión disminuir esta pena punitiva, y nosotros nunca vamos a estar a favor de ventajas o facilidades que promuevan la impunidad en este país, los delitos se deben castigar con todo el peso de la ley”, expresó el edil Marco Bonilla

Por su parte, el fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, dijo que se deben analizar a profundidad los resultados y en este como otros delitos se deben ser severos para evitar la reincidencia criminal.

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