Dentro del primer paquete respecto al Informe sobre el ejercicio fiscal 2023 entregado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante el Congreso del Estado se observa que un total de 43 de los 67 municipios que conforman la entidad no aplican el Presupuesto Participativo, por lo que incumplen con lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana.
A pesar de que dicha ley establece que cada una de las administraciones municipales habrá de destinar al menos el 5 por ciento de su recurso para el Presupuesto Participativo, en esta primera auditoría que se efectúa de manera total se dio a conocer que 43 Ayuntamientos no han cumplido con ello.
Empero, el auditor, Héctor Acosta Félix, precisó que la misma ley no contempla ninguna sanción, motivo por el cual considera indispensable que este tema sea del conocimiento de los diputados, ya que finalmente son ellos los que tienen la posibilidad de legislar al respecto.
Dentro de este primer documento entregado, se destacan entre las observaciones realizadas el que se dejaron de ingresar de predial 526.7 millones de pesos ante la falta de acciones suficientes para la recuperación del rezago; y que 25 de los 37 municipios de los que se entregó informe este lunes omitieron realizar la retención del ISR por concepto de salarios, compensaciones y/o detalles.
También se dio a conocer que el municipio de San Francisco del Oro efectuó dos contrataciones de créditos sin sujetarse a los procedimientos previstos en la ley; es decir, con la aprobación del Cabildo y del Congreso del Estado. El monto acumulado por esos dos créditos es de 8.31 millones de pesos.
En cuanto a las obras públicas, Acosta Félix detalló que las observaciones más recurrentes que emiten son los pagos de volúmenes mayores a los ejecutables, pagos de materiales mayores o no aplicado ni instalados en las obras ejecutadas por administración directa, cargos adicionales sin que estos sean derechos o impuestos que deriven de un ordenamiento legal.
También la contratación de bienes y servicios sin sujetarse a la ley de adquisiciones en obras por administración directa, incumplimiento de contar con resoluciones en materia de impacto ambiental y permisos de construcción previo a la ejecución de las obras públicas, adjudicaciones de contratos de obra pública a licitantes que incumplen las bases de la licitación pública, y la detección de agrietamientos, desprendimientos de materiales, ondulaciones, entre otros en las obras.
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Destacó que durante ese ejercicio se contabiliza una recuperación económica y en especie de mil 158 millones 679 mil 065 pesos.
Cabe recordar que en este primer documento únicamente se entregó el informe en relación a 43 municipios y se tiene como fecha máxima el 15 de diciembre para entregar lo del resto, el cual igualmente se detallará al tiempo en el que se pondrá a disposición del público en general en el portal oficial de la ASE.
Publicado originalmente en El Heraldo de Chihuahua
