Ante la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) que se declaró incompetente para investigar a la empresa Aras Investment Business Group, el abogado Mariano Cordero Burciaga interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para que un juez de distrito ordene a esta autoridad investigar los miles de fraudes que generó en el estado de Chihuahua.
Así lo explicó previo a la presentación del amparo, donde pide que la FGR inicie formalmente, de conformidad con su normativa interna, la indagatoria denuncia por los quejosos, por la comisión de hechos constitutivos en un delito especial, descritos y sancionados en la Ley de Instituciones de Crédito.
Comentó que la FGR cuenta con facultades para investigar el caso de Aras en Chihuahua, pero que desde el 24 de noviembre que se interpuso la denuncia ante esta dependencia, negaron integrar la carpeta de investigación y se declararon incompetentes y turnaron la misma a la Fiscalía General del Estado.
Como parte de la estrategia legal que llevaron a cabo, fue interponer una nueva denuncia el 10 de enero, para “sembrar” el amparo que presentaron el pasado martes, ya que obtuvieron una respuesta formal y por escrito de la Fiscalía General y ahora que cuentan con el tiempo correspondiente para inconformarse por la misma.
El abogado refiere que a pesar de que se han interpuestos diferentes denuncias ante la FGR, esta autoridad no ha querido investigar, pues alega que no es de su competencia y que mejor no interviene para no contradecir las indagatorias y que mejor sea el fuero local quien se haga cargo de la misma.
“Por este motivo fue que elaboramos el amparo, con base en el escrito, bajo el los artículos 1, 14, 16, 17,20, 21 y 102 de la Constitución, donde pide que la autoridad deba admitir las denuncias y dar un trámite a las mismas, “todos tenemos el derecho a la impartición de la justicia, procuración e impartición de justicia, se viola el derecho de audiencia, el derecho a que se funde y motive una resolución, son los fundamentos del juicio de amparo, que se presentará ante tribunales federales”.
El abogado Mariano Cordero Burciaga dijo que si se logra que la autoridad federal instruya a la Fiscalía General de la República, se entenderá que todos los afectados pueden ser atendidos en el fuero federal, para que ejerza la acción penal en atención de todo un régimen normativo que, aseguró, están violando.
El martes, en Chihuahua como en Juárez, se manifestaron en las diferentes oficinas de la Fiscalía General de la República para seguir presionando en la atención de estos casos de fraude, donde diputados de Morena y abogados se han unido para buscar soluciones con estas autoridades.
El abogado comentó que como parte de la estrategia y agenda que han elaborado para buscar actuar en contra de Aras, se encuentra una reunión con la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual se llevará a cabo el 27 de enero en la Ciudad de México, donde viajará una comitiva para entrevistarse con el titular.
Comentó que el encuentro está confirmado a las 11 horas de la zona centro, y acudirán algunos diputados como Mariana Antonieta Pérez, Óscar Castrejón y los abogados Javier Félix, Miriam Burciaga y posiblemente él también acuda a dicho encuentro, para platicar sobre toda la problemática y el presunto fraude que cometieron en el estado.
Otro de los pasos que buscan alcanzar es la creación de un fondo a través de los bienes, donde los afectados puedan acceder a un recurso, según sea su inversión, para recuperarlo con los bienes inmuebles, al asegurar que una extinción de dominio no puede aplicar, ya que no se manejó dinero mal habido.
“Quien invirtió y que invirtió, los que tengan la inversión justificada, pensión, ahorro, no tiene por qué tocarlo el Estado, porque no son producto de una formación ilícita, el manejo que hicieron otras vertientes de captación de dinero y que tiene que ver con la UIF, ahí sí puede operar la extinción de dominio, en el resto tenemos que realizar un fondo para los afectados” señaló.
De igual forma pidieron que los abogados que representen los casos puedan tener acceso a las indagatorias, toda vez que consideraron como grave el que un agente que representa el caso fuera detenido y le aseguraran dos armas electrónicas que había sustraído de una de las viviendas del dueño de la empresa Aras.
“Se le encontraron en su camioneta pistolas que le fueron aseguradas, en una residencia, eso no es lo grave, lo delicado es que está en un certificado como la cadena de custodia y si se rompe esa cadena, las pruebas se hacen inútiles y un juez no les dará valor; exigimos a la FGE que nos permitan a los abogados ver las indagatorias antes de judicializarlas, no queremos que se repitan los expedientes ‘X’, que los hicieron a modo para que se cayeran, no queremos lo mismo, si hay o no pruebas, que funcionarios estén involucrados con Aras, a nosotros no nos importa, de aquí para adelante somos vigilantes”, añadió.
Los inconformes cuestionaron la tardanza que han tenido las autoridades para poder judicializar los casos en contra de la empresa, ya que a la fecha suman casi cuatro años y ni una sola carpeta se ha logrado judicializar.