/ domingo 3 de octubre de 2021

Hay confusión sobre las consecuencias legales de abortar en Chihuahua

En esta entidad existen 4 excepciones en torno a la penalización del aborto, ya que en el Código Penal del Estado se contempla que éste no puede ser castigado...

En el estado de Chihuahua no se contempla una agenda legislativa a corto plazo que incluya la discusión de la penalización del aborto, sin embargo ante la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha surgido confusión entre si se puede o no abortar sin consecuencias penales, pues la Corte prohibió la penalización, sin embargo el Código Penal local sí contempla sanciones, apelando a la autonomía de las constituciones locales.

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En esta entidad existen 4 excepciones en torno a la penalización del aborto, ya que en el Código Penal del Estado se contempla que éste no puede ser castigado cuando la situación de embarazo resulta de una violación, cuando de provocarse el aborto se ponga en riesgo la integridad de la embarazada, cuando el embarazo resulte de una inseminación no autorizada o cuando el aborto sea provocado por una conducta imprudencial de la mujer.

Asimismo el código señala que en los casos que no cumplan con esa característica, que las condenas para la mujer que aborte o para quien lo practique con el consentimiento de la mujer será de seis meses a tres años de prisión; en el caso de que alguien provoque el aborto sin el consentimiento de la embarazada, la condena será de hasta seis años de cárcel.

Lo anterior se debe a que el artículo 143 del Código Penal establece que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo.

También existe una sanción para los médicos que realicen un aborto, pues el artículo 144 del mismo código señala que si el aborto lo causare un médico cirujano, comadrona o partero, enfermero o practicante, además de las sanciones mencionadas, se le suspenderá por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta en el ejercicio de su profesión u oficio.

En este sentido, la diputada Marisela Terrazas, presidente de la Comisión de Juventud y Niñez, enfatizó en que la Constitución Política del Estado de Chihuahua protege la vida desde la concepción, tal y como lo estipula el Código Penal, apelando autonomía que tienen los congresos locales para sus propias legislaciones.

Destacó que no ve a corto o mediano plazo que el tema pueda abordarse en el Congreso de Chihuahua, pues aunque es una agenda que tiene la izquierda en todo el país, en esta entidad no cuentan con una mayoría legislativa que les permita aprobar ese tipo de iniciativas, como la despenalización del aborto, los matrimonios igualitarios, entre otros.

“Todos esos temas están en la agenda por parte de la izquierda, pero yo creo que nosotros junto a los legisladores del PRI estaremos dando la batalla y no creo que la izquierda vaya a buscar abordar el tema a corto plazo”, manifestó la diputada panista.

Terrazas Muñoz mencionó que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en el estado de Chihuahua en este momento no existe algún hombre o una mujer encarcelados por este tema, pero señaló que en los estados en donde se emitieron resoluciones, Coahuila y Sinaloa, existen dos casos de hombres detenidos por propiciar o practicar un aborto.

Subrayó que desde su punto de vista personal, está totalmente a favor de la vida, pero también de que se deje de victimizar a las mujeres, quienes merecen la atención del estado, privilegiando el respeto por las dos vidas.

Por su parte, el diputado de Morena Benjamín Carrera coincidió en que el tema no está en la agenda legislativa a corto plazo, pero señaló que estará pendiente para que en el momento en que se aborde el tema, se pueda dejar asentado en el Código Penal del Estado, lo que señala la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Carrera Chávez mencionó que actualmente se hace un análisis jurídico en torno al aborto, porque gran parte del gremio de abogados señala que no tiene caso que se legisle en los congresos locales, pues la SCJN ya declaró ilegal que se penalice el aborto, por lo contrario, otro grupo señala que es necesario que se deje asentado en las constituciones locales.

“Aunque en Chihuahua se diga que está prohibido el aborto, en caso de presentarse una situación, se aplica la norma superior, que a nivel nacional señala como inconstitucional que sea penalizado, porque nada puede pasar por encima de la Constitución”, dijo el morenista, quien en la pasada sesión plenaria del 28 de septiembre acudió a su curul portando un pañuelo verde, en señal de que apoya el derecho de las mujeres a decidir.

Asimismo su compañero de bancada, Gustavo de la Rosa Hickerson, quien preside la Comisión de Derechos Humanos, reiteró que conforme a la Ley, actualmente en todo el territorio nacional se prohíbe la penalización del aborto, ya que los jueces tienen prohibido encarcelar y sentenciar a las mujeres que se practiquen un aborto, por el resolutivo de la Suprema Corte.

Destacó que esa jurisprudencia deja sin efecto lo que puedan señalar los códigos penales de las entidades federativas, y en caso de que la Fiscalía General del Estado inicie una carpeta de investigación en contra de una mujer por cometer aborto, estaría cometiendo un delito.

Explicó que las autoridades podrían caer en un abuso de poder, desde el agente del Ministerio Público que abra la carpeta, los policías que interroguen o detenga a la persona, hasta el juez que acepte el caso, todos estaría cometiendo un delito con consecuencias penales, porque los jueces están obligados a acatar la orden de la SCJN sin posibilidad de confrontarla.


En el estado de Chihuahua no se contempla una agenda legislativa a corto plazo que incluya la discusión de la penalización del aborto, sin embargo ante la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha surgido confusión entre si se puede o no abortar sin consecuencias penales, pues la Corte prohibió la penalización, sin embargo el Código Penal local sí contempla sanciones, apelando a la autonomía de las constituciones locales.

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En esta entidad existen 4 excepciones en torno a la penalización del aborto, ya que en el Código Penal del Estado se contempla que éste no puede ser castigado cuando la situación de embarazo resulta de una violación, cuando de provocarse el aborto se ponga en riesgo la integridad de la embarazada, cuando el embarazo resulte de una inseminación no autorizada o cuando el aborto sea provocado por una conducta imprudencial de la mujer.

Asimismo el código señala que en los casos que no cumplan con esa característica, que las condenas para la mujer que aborte o para quien lo practique con el consentimiento de la mujer será de seis meses a tres años de prisión; en el caso de que alguien provoque el aborto sin el consentimiento de la embarazada, la condena será de hasta seis años de cárcel.

Lo anterior se debe a que el artículo 143 del Código Penal establece que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo.

También existe una sanción para los médicos que realicen un aborto, pues el artículo 144 del mismo código señala que si el aborto lo causare un médico cirujano, comadrona o partero, enfermero o practicante, además de las sanciones mencionadas, se le suspenderá por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta en el ejercicio de su profesión u oficio.

En este sentido, la diputada Marisela Terrazas, presidente de la Comisión de Juventud y Niñez, enfatizó en que la Constitución Política del Estado de Chihuahua protege la vida desde la concepción, tal y como lo estipula el Código Penal, apelando autonomía que tienen los congresos locales para sus propias legislaciones.

Destacó que no ve a corto o mediano plazo que el tema pueda abordarse en el Congreso de Chihuahua, pues aunque es una agenda que tiene la izquierda en todo el país, en esta entidad no cuentan con una mayoría legislativa que les permita aprobar ese tipo de iniciativas, como la despenalización del aborto, los matrimonios igualitarios, entre otros.

“Todos esos temas están en la agenda por parte de la izquierda, pero yo creo que nosotros junto a los legisladores del PRI estaremos dando la batalla y no creo que la izquierda vaya a buscar abordar el tema a corto plazo”, manifestó la diputada panista.

Terrazas Muñoz mencionó que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en el estado de Chihuahua en este momento no existe algún hombre o una mujer encarcelados por este tema, pero señaló que en los estados en donde se emitieron resoluciones, Coahuila y Sinaloa, existen dos casos de hombres detenidos por propiciar o practicar un aborto.

Subrayó que desde su punto de vista personal, está totalmente a favor de la vida, pero también de que se deje de victimizar a las mujeres, quienes merecen la atención del estado, privilegiando el respeto por las dos vidas.

Por su parte, el diputado de Morena Benjamín Carrera coincidió en que el tema no está en la agenda legislativa a corto plazo, pero señaló que estará pendiente para que en el momento en que se aborde el tema, se pueda dejar asentado en el Código Penal del Estado, lo que señala la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Carrera Chávez mencionó que actualmente se hace un análisis jurídico en torno al aborto, porque gran parte del gremio de abogados señala que no tiene caso que se legisle en los congresos locales, pues la SCJN ya declaró ilegal que se penalice el aborto, por lo contrario, otro grupo señala que es necesario que se deje asentado en las constituciones locales.

“Aunque en Chihuahua se diga que está prohibido el aborto, en caso de presentarse una situación, se aplica la norma superior, que a nivel nacional señala como inconstitucional que sea penalizado, porque nada puede pasar por encima de la Constitución”, dijo el morenista, quien en la pasada sesión plenaria del 28 de septiembre acudió a su curul portando un pañuelo verde, en señal de que apoya el derecho de las mujeres a decidir.

Asimismo su compañero de bancada, Gustavo de la Rosa Hickerson, quien preside la Comisión de Derechos Humanos, reiteró que conforme a la Ley, actualmente en todo el territorio nacional se prohíbe la penalización del aborto, ya que los jueces tienen prohibido encarcelar y sentenciar a las mujeres que se practiquen un aborto, por el resolutivo de la Suprema Corte.

Destacó que esa jurisprudencia deja sin efecto lo que puedan señalar los códigos penales de las entidades federativas, y en caso de que la Fiscalía General del Estado inicie una carpeta de investigación en contra de una mujer por cometer aborto, estaría cometiendo un delito.

Explicó que las autoridades podrían caer en un abuso de poder, desde el agente del Ministerio Público que abra la carpeta, los policías que interroguen o detenga a la persona, hasta el juez que acepte el caso, todos estaría cometiendo un delito con consecuencias penales, porque los jueces están obligados a acatar la orden de la SCJN sin posibilidad de confrontarla.


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