Del 1 de enero del 2016 al 1 de febrero del 2022, la Fiscalía General del Estado ha llevado a cabo la detención de 885 elementos de seguridad de todas las corporaciones en el estado, siendo su mayoría los agentes municipales como agentes estatales, quienes fueron capturados por diversas carpetas de investigación, así como denuncias interpuestas ante las áreas de asuntos internos.
En lo que va del 2022, esta dependencia sólo ha contemplado la detención de un agente de la Fiscalía General del Estado, quien fue identificado como Rubén T.R., un elemento que se encontraba investigando los fraudes de la empresa Aras Investment Business Group, pero a su vez hizo uso indebido de una de las propiedades al habitarla y tomar pertenencias sin autorización.
Dentro de los cinco años actuales se iniciaron casi 900 imputaciones en contra de diferentes agentes de seguridad, siendo el principal delito que cometieron los uniformados la violencia familiar, seguido por daños, lesiones y robo, que son los que tienen mayor incidencia por parte de los uniformados.
En ese periodo han sido detenidos cerca de 270 elementos de distintas corporaciones de seguridad por el delito de violencia familiar, que es el principal delito que cometen los agentes en el estado, incluso existen registros de casos de violencia familiar y posteriores suicidios de parte de los mismos.
El delito de violencia familiar es cuando los agentes agreden física, verbal o emocionalmente a su pareja sentimental, hijos o a su círculo familiar, lo cual en su mayoría se da a conocer a la autoridad correspondiente y es cuando se inicia un proceso penal en contra del posible responsable.
Al año llegan a detener entre 50 a 80 elementos relacionados con este delito, siendo los municipios de Juárez, Chihuahua y Parral los que mayor registro de este tipo de incidentes tienen.
En este histórico que concentra la Fiscalía General del Estado también se desprende que hubo un acumulado de 110 casos de imputaciones de cargos por el delito de daños, que es cuando los agentes destruyen o deterioran cosas ajenas en perjuicio de otra persona, por lo cual se estipulan montos y cuantía de los mismos.
El tercer delito que más se ha cometido en seis años en el estado de Chihuahua de parte de los agentes de seguridad del estado es lesiones, que la mayoría de los hechos se integra durante las investigaciones o durante alguna detención, por lo cual se inicia una investigación y se encuentra la responsabilidad de los agentes en estos casos.
En dicho delito, del 2021 al 2022 se han contabilizado 97 casos en el estado, siendo el año 2017 cuando se tuvo el mayor número de casos al formular cargos a 37 elementos de seguridad.
De igual forma, por los delitos de mayor gravedad como homicidio, violación, nacomenudeo, extorsión, tortura y portación de arma de uso exclusivo del Ejército fueron detenidos 147 elementos de seguridad dentro del estado, de acuerdo al mismo registro emitido por la Dirección de Estadística Criminal.
La portación de armas de uso exclusivo del Ejército y el homicidio perpetrado por agentes de seguridad fue uno de los más recurrentes entre los delitos de alto impacto, al concentrar 58 detenciones por ambos delitos dentro de todo el estado, manteniendo un promedio anual de entre 6 a 10 detenidos por cada uno de los dos delitos.
Los municipios que registraron mayor detención de elementos de seguridad fueron Juárez, Chihuahua, Parral, Delicias, Madera y Matamoros, los últimos dos tuvieron varias detenciones por tener agentes involucrados en casos de desaparición, homicidio y colaborar con grupos criminales en sus regiones.
Por otra parte, los municipios con menor número de detenciones por este delito son Urique, Ascensión, Buenaventura, Gómez Farías, Rosales y Casas Grandes, que de acuerdo al listado tuvieron entre 1 o 2 remisiones de agentes de seguridad que pudieron haber cometido algún delito.
A pesar de que hubo cerca de 900 detenciones en seis años en contra de elementos de distintas corporaciones de seguridad, sólo 14 elementos llegaron a la etapa de sentencia, mientras que el resto tuvieron un sobreseimiento de extinción de la causa penal por diversas razones como muerte, perdón, cumplimiento, entre otras.
El caso más reciente de sentencia fue el de Raúl T.B., quien fue culpado de delito contra la seguridad de la comunidad, en hechos registrados en el año 2017 en Ciudad Juárez, al haber sido acusado de utilizar su cargo como agente de la Fiscalía General para filtrar información a un grupo criminal en Juárez.
Derivado de la investigación ministerial, se estableció que Raúl T.B., estando asignado y en activo como elemento de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a la Zona Norte, filtró información de inteligencia, operativos, así como de ubicaciones de compañeros de trabajo, a integrantes del grupo criminal Los Aztecas, del 28 de septiembre al 15 de noviembre del año 2017.
Como consecuencia de sus actos, el 27 de octubre del año 2017, integrantes del grupo delictivo perpetraron una agresión armada en contra de varios policías ministeriales asignados a la Fiscalía de la Mujer en Ciudad Juárez, provocando la muerte de dos de elementos y lesionando de gravedad a una más.