Los titulares de las corporaciones de seguridad en el estado no cuentan con protección después de haber fungido con la titularidad de algún cargo de seguridad, por lo cual se mantienen en un riesgo inminente de ser un “blanco” fácil para las organizaciones criminales que operan dentro del estado de Chihuahua.
Es decir que los fiscales generales, los fiscales especializados o fiscales de distrito, así como el Secretario de Seguridad o algún puesto afín a la seguridad pública, al momento de concluir con el periodo del cargo, el Estado les retira la protección privada, pese al riesgo que mantienen por haber perseguido o encarcelado a varios presuntos criminales durante seis años consecutivos.
Parte de estos hechos fue lo ocurrido en Juárez el pasado jueves, donde un grupo de sujetos asesinó a la ex fiscal especializada en Delitos Contra la Mujer, Sully Ponce Prieto, quien se encontraba circulando en su vehículo cuando de pronto un par de sujetos armados le dispararon en por lo menos 100 ocasiones.
Actualmente, debido a una serie de cambios en la ley, los funcionarios de seguridad, como el mismo titular del Poder Ejecutivo o de cualquier otro poder en el estado, no tiene protección de seguridad, debido a los ajustes legislativos que se dieron en años pasados para con el objetivo de reducir el costo que esto generaba.
Todo data desde la administración del exgobernador César Horacio Durarte, al finalizar su administración habían incorporado un artículo a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública donde se incorporó esa reforma fijando un término de tres años para dotar de escolta al gobernador, fiscal y director de la policía, al terminar su cargo como tal.
Posteriormente al entrar el exgobernador Javier Corral se modificó la ley, y se eliminó dicho artículo, después se quiso incorporar de nuevo y por razones políticas no avanzó la reforma al final de dicha administración, por lo cual los diputados acordaron dejar sin protección a los funcionarios de primer nivel.
Los funcionarios de primer nivel que cumplieron con su periodo correspondiente en el cargo actualmente deben cubrir los gastos que representa tener una seguridad privada para el día a día, puesto a que anteriormente se les brindaba la protección por varios años consecutivos, para prevenir cualquier tipo de represalia o incidente, principalmente con los titulares de seguridad.
Actualmente los exservidores como César Augusto Peniche, ex fiscal general del estado, Emilio García Ruiz; ex secretario de Seguridad Pública del Estado, el ex comisionado de Seguridad del Estado, Óscar Aparicio, no cuentan con protección del Estado de Chihuahua, sin embargo, cada uno de ellos continuó en diferentes ámbitos labores en materia de seguridad, donde pueden acceder a ese beneficio.
A la par el exgobernador Javier Corral Jurado no cuenta con personal de seguridad a cargo del Gobierno del Estado, ni algún ex gobernador, ya que anteriormente, varios exgobernadores continuaban con esta protección, incluso cinco o 10 años después de haber terminado con su función.