Estudio de impacto ambiental para construir el Aeropuerto de Creel estuvo mal hecho: Investigadores

Luis Antonio Bojórquez Tapia y Daniela Pedroza Páez, de la UNAM, señalaron que esta construcción no sólo ha afectado de manera ambiental, sino también de forma social y psicológica a las comunidades

Venessa Rivas / El Heraldo de Chihuahua

  · viernes 20 de septiembre de 2024

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

La construcción del Aeropuerto de Barrancas del Cobre-Creel fue una mala decisión del Gobierno del Estado, pues no se tomaron en cuenta las afectaciones al significado de vida, la afectación social y psicológica en los residentes de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique, esto de acuerdo a investigadores de la UNAM.

Luis Antonio Bojórquez Tapia y Daniela Pedroza Páez, investigadores y peritos del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (LANCIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalaron que el estudio de impacto ambiental que se hizo para la construcción del aeropuerto estuvo mal hecho y sólo se enfocó a la visión económica, lo que dio pie a la construcción.

El impacto ambiental lo midieron en metros cúbicos y hectáreas, pero nunca se fijaron en el impacto que esa deforestación causó en la comunidad, cuyos miembros afirman que el agua se ha ido por la desaparición de los árboles.

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Los investigadores resaltaron que el caso de Bosques San Elías Repechique ha sido paradigmático y de lo más avanzado en justicia ambiental en América Latina debido a la decisión del juez que ordenó el estudio de impacto y la sentencia.

“Chihuahua tiene oportunidad de aprovechar estas experiencias y mejorar los procesos de decisión para preservar la bioriqueza de los pueblos indígenas y tribales”.

La lucha que ha emprendido la comunidad con acompañamiento de Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) sienta precedente para que otras comunidades indígenas y tribales puedan defender el territorio y el derecho de la libre determinación.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua


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Bojórquez detalló que los daños al medio ambiente no solo se miden en toneladas de madera y árboles talados, en ríos y aguajes contaminados o en basura y desechos arrojados; también se mide en el pesar y el dolor que causa a las personas que viven en una conexión especial con la tierra y el bosque: las comunidades y los pueblos indígenas no solo pierden su patrimonio ancestral y colectivo, también sufren la pérdida de un ser querido, viven un duelo.

A través del peritaje se hizo evidente la afectación a las creencias religiosas de la comunidad porque los caminos, aguajes y árboles son elementos vivos y tienen un significado importante.

El peritaje que se hizo dejó en evidencia el pesar de la comunidad por haber perdido esos elementos, lo que se midió para establecer la compensación monetaria para la comunidad.

El peritaje que realizaron los académicos lo ordenó el Juzgado Octavo de Distrito, como parte del proceso judicial que la comunidad inició ante la violación a sus derechos colectivos por parte del gobierno estatal y de particulares.

El estudio de impacto socioambiental incluyó los aspectos emocionales, psicológicos y espirituales en las afectaciones que sufrió la comunidad de Bosques San Elías de Repechique con la construcción del aeropuerto de Creel y con el desarrollo de turismo no sostenible en la región.

Los investigadores reiteraron que los significados fue lo que se midió para determinar el impacto, dado que un árbol o la tala de todos esos árboles tiene realce, su significado está relacionado con la vida; cortar los caminos que atravesaban veredas tiene que ver con la interrelación de los habitantes, los árboles y los caminos se vieron cortados con la construcción.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

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“Estas afectaciones se transforman en una emoción de pesar y dolor por haber perdido aspectos intangibles de su cultura, vinculados al medio ambiente”, comentó el doctor Bojorquez.

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En este sentido, una vez teniendo la comprobación de las afectaciones, dichos estudios y los análisis sirvieron para que el Juez diera su sentencia sobre las afectaciones a la comunidad, por la falta de consulta, el despojo de sus territorios y de sus recursos naturales.

Dicha sentencia implicó la indemnización económica para la comunidad, por un total de 65 millones de pesos, que posteriormente se conformaría en un Fideicomiso.

Aunque el proceso jurídico concluyó, la compensación sigue pendiente, ya que en esta administración gubernamental no han podido acceder a los recursos para realizar los programas que la comunidad plantea.


Publicado originalmente en El Heraldo de Chihuahua