El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, explicó que las recomendaciones que realizó la Comisión Internacional de Derechos Humanos en favor de la comunidad de Cerocahui, no fueron por la falta de acciones de las autoridades, sino para buscar una solución integral a los problemas de inseguridad, asimismo, aseguró que el líder criminal conocido como “El Chueco”, tendrá que ser detenido tarde o temprano.
“Ellos (comunidad de Cerocahui) buscan convertirse en una comunidad más segura, hablaban desde la implementación de actividades culturares, hasta el acompañamiento de las actividades que realiza la comunidad jesuita, a veces para tener el respaldo de la SSPE o de la FGE”, comentó.
Añadió que, a través de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, se sostuvieron reuniones con los representantes de la comunidad de Cerocahui, con quienes se abordaron una serie de medidas que pueden implementarse en beneficio de todos los habitantes.
El funcionario estatal aseguró que a partir de toda la problemática que se ha presentado en esa región, todas las corporaciones de seguridad, tiene presencia en la región, tanto de las fuerzas estatales como de las federales.
Señaló que incluso la Comisión Nacional de Inteligencia tienen presencia en la zona realizando labores de inteligencia, pues se busca que, con todo esto, se puedan reforzar los mecanismos que por recomendación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, se han implementado en esa zona de la entidad.
“Las recomendaciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, no surgen precisamente de una queja por falta de atención a la problemática, sino que surgen porque ellos creen que el asunto de la inseguridad se debe de ver de manera integral”, subrayó.
Hizo énfasis en que la CIDH no está buscando que las autoridades modifiquen sus estrategias, sino que están viendo porque se realicen acciones integrales para poder llevar un dialogo permanente con la autoridad de todos los órdenes de gobierno.
Jáuregui Moreno, fue enfático en el sentido de que la comunidad jesuita se encuentra protegida por las autoridades, debido a que la problemática que ocurrió los pone en una situación complicada, peor aún, mientras no sea detenido José Noriel P.G. a quien se le acusa por el asesinato de los sacerdotes Joaquín Campos y Javier Mora.