El estado de Chihuahua se ha visto rebasado por los diferentes grupos del crimen organizado que operan en todo el territorio estatal, pues a sólo 10 días del mes de noviembre, se perfila por ser el mes más violento del año y quizá de la historia del estado, toda vez que en una semana han asesinado a casi una centena de personas dentro del territorio estatal.
Privaciones de la libertad, homicidios, secuestros, “encobijados”, enfrentamiento, incendio de vehículos, masacres, desapariciones, retenes de criminales, masacres y temor en comunidades de la Sierra Tarahumara, son parte de las acciones que llevan a cabo estos grupos criminales en el estado, donde la falta de elementos permite que sigan operando y se movilicen por todo el estado de Chihuahua.
El control que mantienen estas células delictivas, permiten seguir con sus actividades primordiales que es la producción, venta y trasiego de droga, para el interior como el exterior del estado, donde mantienen rutas para hacer envíos de toneladas de marihuana y varios kilogramos de cocaína, como de cristal.
A la falta de elementos y la gran capacidad de miembros del crimen organizado en el estado, se le suma la complicidad que han detectado en las corporaciones municipales y estatales, donde la mayoría de las instituciones de seguridad pública, han investigado y detenido a más de 30 elementos quienes tienen conocimiento o colaboran con grupos criminales, es decir que los “policías” trabajan para el narco y son los mismos de hacerse cargo de la seguridad en los municipios.
En Parral, Chihuahua, Cuauhtémoc, Juárez, Valle de Allende, Madera, Guadalupe y Calvo, Jiménez, Matamoros, Bocoyna y otros municipios han tenido elementos de seguridad infiltrados por el crimen organizado, donde brindan protección, filtran información y hasta asesinan a grupos rivales por instrucción de los criminales.
En Madera hace un par de meses, 15 policías fueron detenidos por encararse con elementos de la Fiscalía y el Ejército Mexicano, al impedir la detención de dos criminales en esa zona, fueron liberados días después, pero volvieron a detener a dos de ellos a días de la liberación, cuando portaban armas, drogas y aceptaron trabajar para el grupo de “El Jaguar”.
En Parral se han detenido por lo menos cuatro agentes municipales, a quienes han vinculado con el Cártel de Sinaloa, y responsabilizan de la desaparición de cuatro estudiantes quienes tenían contacto con un grupo criminal de Jiménez y por lo cual decidieron llevárselos y hasta el momento no los han encontrado.
También se habla de una complicidad con Los Salgueiro de esa zona, quienes llevan el control de narcotráfico, trata de mujeres, robo de combustible, extorsionan y colocan retenes en la carretera para cometer robos de vehículos y utilizarlos para las labores clandestinas que realizan en la sierra, principalmente en Guadalupe y Calvo.
Las grandes cantidades de recursos económicos que se generan en este negocio, han llegado a corromper a policías, políticos y hasta jueces, es decir a todo el sistema de procuración de justicia se ve en ocasiones involucrado con cuestiones de la delincuencia organizada, ya que bajo amenaza deben aceptar el recurso o se verían perjudicados de otra manera.
En el 2019, la Fiscalía General del Estado inició una investigación en contra de la juez de Control, de Distrito Benito Juárez, Fabiola D. Ch., quien fue señalada de favorecer siempre a un grupo criminal a “La Línea” ya que todos los casos que llegaban a sus manos no otorgaban la prisión preventiva y en cambio los dejaba en libertad.
El Tribunal Superior de Justicia inició una investigación y la removió de su cargo, pues se determinó que los beneficios que otorgaba, estaban ligados con su pareja, el abogado Damián Humberto Rascón, quien acostumbra a representar a criminales de este grupo delincuencial y quienes ya habían armado una estrategia para facilitar la libertad de sus clientes.
En Chínipas, Ignacio Zaragoza, Urique, Bocoyna, Madera, Parral y otros municipios, han tenido la influencia del crimen organizado entre funcionarios y grupos criminales, donde incluso han sido los encargados de brindar la oportunidad a candidatos y en otros casos ofrecen el respaldo para que el grupo criminal opere en esa zona.
La problemática que más ha destacado ha sido la de Ignacio Zaragoza, donde asesinaron a candidatos, quemaron viviendas de otros políticos y mataron a varios funcionarios quienes no quisieron colaborar con el grupo criminal que opera en la zona, toda vez que debían de acatar instrucción de dicha célula.
Tanto Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc son los municipios con mayor incidencia criminal, donde el promedio diario son de 2 a 3 muertes por impactos de arma de fuego y en algunas ocasiones la cifra ha llegado hasta los 7 eventos por día, como surgió el pasado 4 de noviembre en la ciudad de Chihuahua, y donde también se registró la muerte de la familia LeBarón en los límites del estado.
También hace menos de 15 días, criminales en un acto de represalia, asesinaron a dos elementos de la Fiscalía General del Estado, luego de que un día anterior de los hechos, les aseguraran un arsenal en el municipio de Aldama y como muestra de su inconformidad, mataron a los dos responsables de encabezar este operativo.
La propia Fiscalía General del Estado, reconoce que tiene un déficit de por lo menos cinco mil elementos de seguridad, sólo en su corporación, toda vez que mantienen poco más de tres mil elementos activos desplegados en todo el estado y no pueden combatir los más de 15 mil delincuentes que operan en todo el territorio estatal.
El posible estado de fuerza que cuantifican las autoridades sobre los grupos criminales, corresponde a grupos de narcomenudistas, robacarros, “halcones”, “sicarios”, jefes de plaza y cabecillas, según se advierte con el número de aseguramientos que han realizado a través de los años.
La disputa de plazas y el comercio clandestino de narcóticos, son los factores principales que generan asesinatos en Chihuahua, toda vez que una forma fácil y rápida de obtener los espacios para poder proveer de droga y todos los negocios clandestinos es acabando a través de la privación de la vida del grupo contrario.
Sin embargo, este tipo de confrontaciones históricas está llegando a personas inocentes, como ocurrió el pasado 4 de noviembre en un trayecto de Las Moras a Galeana, donde diversas familias viajaban en camionetas de reciente modelo y aparentemente fueron confundidos por criminales y un grupo que radica en el lugar decidió atentar contra todos los presentes.
Sólo el 6 de noviembre por la noche, en la localidad de las Pomas de Abajo en el municipio de Madera, se registró un nuevo enfrentamiento armado, donde criminales de “El Jaguar” se enfrentaron con militares quienes circulaban por el lugar, lo que generó la detención de dos personas, a quienes les aseguraron armas de fuego y vehículos.
El estado de Chihuahua cuenta con 3 mil elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, mil elementos de la Fiscalía General del Estado y existe una presencia de aproximadamente mil 300 elementos de la Guardia Nacional, es decir existe un total de poco más de cinco mil agentes de seguridad desplegados en todo el estado.
Por otra parte, la ciudad de Chihuahua cuenta con mil 400 agentes municipales, que se ocupan de las labores preventivas y cuestiones del fuero común, ya que hasta el momento no cuentan con funciones para investigar o revisar cuestiones más allá de los robos o estructuras criminales en la ciudad.
Hasta el momento no hay personas detenidas que hayan iniciado la “ola” de inseguridad en Chihuahua, sólo lograron detener cinco presuntos responsables, quienes se hicieron cargo de quemar algunos vehículos, pero no han podido dar con los actores intelectuales, quienes dieron la orden o que están perpetrando la psicosis en Juárez y en otros puntos del estado.
