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Ciudad Juárez, Chihuahua.- En el caso de las irregularidades detectadas en la Zona Norte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, correspondientes al ejercicio 2018, ya se tiene un informe de presunta responsabilidad, señaló la secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz.
En conferencia de prensa para presentar temas de Mejora Regulatoria y Control Interno, la funcionaria fue cuestionada sobre los avances en la investigación previamente anunciada por la propia Secretaría de la Función Pública (SFP).
“Sí hay avances, esa auditoría se cerró desde el año pasado. Se emitió un Informe de Observaciones y se solventó únicamente una de las siete observaciones que se determinaron”, expresó.
Informó que están terminando de integrar las documentales necesarias para en su caso turnarlo al área de sustanciación de la Secretaría de la Función Pública.
Agregó que en caso de que se acredite una conducta de carácter grave, se enviará al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución.
El pasado 6 de febrero de 2020, sobre el tema, la SFP reportó en Comunicado de Prensa lo siguiente:
La Secretaría de la Función Pública informa que, con respecto a las notas informativas que han sido publicadas por diversos medios de comunicación el día de hoy, se llevó a cabo hasta su término un proceso de auditoría a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado respecto del ejercicio presupuestal 2018.
Derivado de las observaciones que se establecieron como resultado de dicho proceso, se dio origen a una siguiente etapa de investigación, la cual a la fecha también se encuentra culminada, y en la que se puede informar que se detectaron diversas irregularidades.
En ese tenor, y como parte de la búsqueda de justicia, la Secretaría de la Función Pública procederá a dar turno a las áreas competentes para el deslinde de responsabilidades, tanto por la vía penal como por la vía administrativa.
Lo anterior, en seguimiento al compromiso de esta administración de no permitir ni tolerar la comisión de actos que puedan ser contrarios al debido funcionamiento de los valores que rigen el servicio público.
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