Mientras el gobierno federal impulsa en Juárez la zona franca que contempla la disminución de impuestos del IVA y el ISR, así como el incremento al salario mínimo para activar la economía, por su parte el gobierno del Estado encabezado por Javier Corral Jurado promovió varios gravámenes que ‘pegan’ en el bolsillo de los chihuahuenses en general.

No solamente hay incrementos en servicios como el agua potable, derechos vehiculares y peajes en las carreteras estatales, sino que se obtendrán recursos para el estado mediante el cobro de impuestos a quienes ejerzan profesiones, artes u oficios, actividades culturales o deportivas, incluso facultados para utilizar la fuerza pública para conseguirlo.

Para que cobrara vigencia el 1 de enero de este 2019, el Poder Ejecutivo de Chihuahua ordenó la publicación del nuevo Código Fiscal del Estado, donde se cobrarán impuestos a quienes obtengan ingresos por “libre ejercicio de una profesión, arte, oficio, actividad técnica, deportiva o cultural, como agente de instituciones de crédito, seguros o fianzas, mediante la explotación de una patente aduanal o en cualquier otra forma análoga”.

Dicho decreto se aprobó en la pasada legislatura que tenía a mayoría del Partido Acción Nacional (PAN).

La aprobaron en sesión del 30 de agosto del 2018, poco antes de que asumiera la actual legislatura.

Sin embargo no se publicó entonces en el Periódico Oficial del Estado, sino hasta el pasado 31 de diciembre, para que entrara en vigor justamente el día primero de este año.

Por otra parte, en la Ley de Ingresos que se aprobó en el Congreso del Estado de Chihuahua a mediados de diciembre del 2018, se autorizó un incremento a la revalidación vehicular, lo cual le valió por cierto, que integrantes de la organización Retén Ciudadano, arrojara trozos de estiércol a la sede legislativa en la capital del estado.

Dicha Ley de Ingresos fue aprobada por 22 diputados, en su mayoría del PAN, pero se opusieron 11 diputados de Morena, dos del PRI, así como uno del Partido Encuentro Social (PES).

Sobre este tema, el diputado Omar Bazán Flores aseveró que el Gobierno del Estado tenga un afán a todas luces recaudatorio, donde actúa sin trasparencia.

Dijo que en el caso del decreto, se estima que serán 60 nuevos gravámenes de actividades, que van desde el 2% hasta el 5%.

Hizo un llamado al gobierno encabezado por Javier Corral, para que transparente las reglas de estas legislaciones porque no hay información sobre el destino que se le pretende dar a la recaudación de impuestos.

Lamentó que mientras se promueven para las regiones fronterizas como Juárez, beneficios económicos, por otra parte se apliquen medidas a nivel regional que no van acordes con las circunstancias.

En el caso de la Ley de Ingresos, se promueve una acción de inconstitucionalidad, para que se le dé marcha atrás a la aprobación, porque se omitió el dictamen correspondiente, explicó Bazán.

En relación al nuevo Código Fiscal impulsado por Javier Corral, Bazán Flores opinó que fue planeado para la ejecución del cobro con el uso de la fuerza pública

Aclaró que al publicarlo el 31 de diciembre para que el transitorio aplicara con vigencia al siguiente día de su publicación es para “darle argumentos y fuerza al Estado para el tema de sus cobros y hay que tener previsto la violación de los derechos humanos como parte fundamental y el debido proceso”, dijo.