La entrada en vigor del T-MEC trae oportunidades de desarrollo para la proveeduría nacional y la atracción de inversión a México, pero al mismo tiempo presiones en el ámbito laboral, que pueden provocar la aplicación de sanciones a empresas que no cumplan con aspectos como permitir la sindicalización de sus trabajadores y el cumplimiento de prestaciones laborales.
Ricardo Martínez Rojas, especialista en materia laboral del despacho De la Vega y Martínez Rojas con presencia a nivel nacional, dijo que son muchas las presiones de Estados Unidos, el principal protagonista de las modificaciones realizadas para el nuevo tratado de libre comercio.
El primero de julio entra en vigor el T-MEC y los anexos 31 A y 31 B celebrados con Estados Unidos y Canadá respectivamente, el objetivo es establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales establecidas en el Anexo 23 A, en específico el derecho de asociación y la negociación colectiva efectiva.
Agregó que México se obliga a cumplir con el derecho de asociación sindical de los trabajadores y que la negociación colectiva sea efectiva. Esto es que los contratos colectivos sean reales, revisables y vigentes.
Lo firmado les da a Estados Unidos y Canadá, la posibilidad de presentar una queja contra el gobierno mexicano. Esto es contra lo que se le ha llamado una “entidad cubierta”, que es un establecimiento de trabajo que esté en nuestro país y exporte bienes o servicios al vecino país o produzca un bien o servicio que compita con empresas estadounidenses y que sea considerada Actividad Prioritaria, agregó.
Las ramas contempladas son la aeroespacial, automotriz, autopartes, electrónica, pan, acero, minería, cemento y perfumería en forma enunciativa pero no limitativa, ramas que serán revisables cada año, destacó.
Dijo que si México acepta la queja va a tener que investigar en la empresa mexicana si realmente hay una denegación de derechos.
En este punto, indicó que es importante hacer notar que Estados Unidos ha ejercido mucha presión sobre México para el cumplimiento de las obligaciones laborales, por lo que puede presentar una queja en contra de nuestro país por la simple sospecha de Denegación de Derechos, que solo incluye el derecho de asociación sindical y la negociación colectiva efectiva, que conlleva la extinción de los contratos colectivos de protección y la representación simulada de los sindicatos.
Si México considera que hay elementos de existencia para la queja iniciará un procedimiento investigando a la entidad cubierta.
En caso de que el gobierno estadounidense considere que México no atendió debidamente la queja o la Entidad Cubierta no cumplió con las medidas impuestas por México, podrá solicitar la instalación de un Panel de Mecanismo de Respuesta Rápida, conformado por tres árbitros, uno de cada país implicado y un neutro de un tercero.
A partir debió quedar conformada la lista de panelistas de cada uno de los países miembros del T-MEC, añadió.
Explicó que el Panel tiene la facultad de imponer medidas para reparar la denegación de derechos que deberá cumplir la empresa exportadora, que de lo contrario será acreedora de las sanciones arancelarias sobre los bienes, productos o servicios que exporte.
Hizo hincapié en que se recomienda a las empresas revisar que se respete el derecho de asociación de los trabajadores, así como la negociación colectiva efectiva vía la legitimación de los contratos colectivos de trabajo que ya prevé la Reforma Laboral o la libre sindicalización.
El procedimiento con Canadá es el mismo y para México también es igual, solo que requiere de una resolución que esté en ejecución en ese país y en Estados Unidos para poder iniciar la queja y el Panel.
Estos cambios generan nuevos retos laborales y las empresas deberán estudiar sus alternativas para definir la estrategia que evite sanciones arancelarias y prepararse para enfrentar el nuevo marco laboral, en los plazos que se avecinan.
Lo señalado por el experto laborista coincide con la preocupación externada por el presidente de la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Jesús Manuel Salayandía, quien advirtió sobre las presiones que existen sobre las empresas exportadoras, principalmente las relacionadas con el sector maquilador, cuyos corporativos se encuentran en Estados Unidos.
Inclusive el líder empresarial fue más allá al considerar que las organizaciones sindicales estadounidenses van a introducirse de alguna manera en las empresas locales para crear conflictos.
Hay que recordar que actualmente solo una mínima parte de los trabajadores de las empresas se encuentran sindicalizados, según la información que ha proporcionado el dirigente de la Federación de Trabajadores del Norte (CTM), Jesús José Díaz Monárrez.
El último reporte de la Asociación de Maquiladoras (Index Juárez), señala que la industria maquiladora manufacturera de exportación (IMMEX) ocupa actualmente en Ciudad Juárez a alrededor de 290 mil trabajadores y sindicalizados no se encuentran ni el 10 por ciento.
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