Ciudad Juárez, Chihuahua.- Abogados advierten que la política fiscal del gobierno federal va en serio y previenen a los contribuyentes de incurrir en irregularidades que podrían ser considerados como delitos, castigadas con sanciones administrativas y cárcel, lo que ha determinado una investigación más profunda de los domicilios registrados por las empresas, para la detección de empresas fachada.
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Humberto Gallegos Reyes, del despacho The Consulting Firm, dijo que el detectar a este tipo de empresas es parte de la actividad del fisco federal, pero la cuestión es que no por querer hacerlo, se deben adecuar las reformas para que todo mundo parezca culpable y sancionarlos de una manera muy severa.
Como ejemplo señaló que el simple hecho de que un empresario no sea localizado en su domicilio fiscal se proceda a cancelar los sellos digitales y con ello impedir la facturación de productos y servicios.
Esto implica que muchas ocasiones la no localización es irreal, puesto que el notificador enviado a la empresa puede darse el caso que no conozca la ciudad y que por eso mismo no ubique los domicilios que busca.
Esto provoca que empiece un proceso tortuoso para el contribuyente porque tiene que aportar pruebas, en un proceso que hasta cierto punto es innecesario.
El abogado destacó que si puede darse el caso de empresas inexistentes que utilizan domicilios falsos para operar, sin embargo, no son todos y por ello debe existir el margen necesario para que quienes no trabajan de manera ilegal puedan continuar su trabajo.
De acuerdo con información oficial que ha difundido la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde el 2019, las empresas fachada generan pérdidas fiscales por más de 500 mil millones de pesos anuales.
En su momento Santiago Nieto Castillo, titular de la dependencia, dio a conocer que esto es una competencia desleal para los empresarios mexicanos que si cumplen con sus obligaciones y que no se prestan para el uso de facturas falsas.
El funcionario federal destacó la participación de los los “EFOS” o factureros en estas acciones irregulares.
También se establece la necesidad de realizar trabajos coordinados con las entidades federativas para atacar la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento al narcotráfico.
Esto implica la participación no solo de la Fiscalía General de la República, también de las fiscalías locales para la integración de las carpetas que se requieren para castigar a quienes incurren en la evasión fiscal.
El año pasado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), hizo una serie de recomendaciones al gobierno mexicano para mejorar el decomiso de instrumentos del delito e incrementar el número de sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero.
Las modificaciones hechas a las leyes fiscales a partir de este año, establecen una serie de acciones dirigidas a evitar la evasión y judicializar cuestiones que antes solo eran manejadas desde un punto de vista administrativo, destacó Osvaldo Martínez Jiménez, del Grupo Integral de Asesoría y Litigio.
De acuerdo con estadísticas oficiales, nuestro país se ubica en el lugar 138 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 ( Corruption Perceptions Index 2018)
Al respecto ambos litigantes consideraron la necesidad de atacar la corrupción de raíz, pero no mediante el castigo al contribuyente cautivo, sino buscando a quienes realmente incumplen con las leyes y reglamentos federales, para castigarlos, no a quienes llegan a cometer errores de manera involuntaria.
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